La Ciudad Autónoma de Ceuta ha presentado ante la Dirección de Investigación de la Comisión Nacional de la Competencia una denuncia contra Acciona Trasmediterránea y Balearia como consecuencia de la subida de precios que realizaron desde el puente de la festividad de San Antonio y el inicio de la temporada estival y la Operación Paso del Estrecho (OPE). En junio el Gobierno ya anunció que estaba estudiando la posibilidad de denunciar al considerar que el incremento de los precios era "desproporcionado, abusivo e injusto".
El Ejecutivo de la Ciudad entiende que desde esas fechas se produjo una práctica contraria a la competencia. Acciona Trasmediterránea elevó el precio del billete de residente un 64,70% al pasar de los 6 euros que costaba viajar el 12 de junio a los 17 euros que vale desde el día siguiente, según se refleja en un informe de la Consejería de Sanidad y Consumo que acompaña la denuncia. Si se viaja con vehículo hay que sumar otro incremento del 28,33% (de 43 a 60 euros). Para los no residentes los precios crecieron un 28,75% (de 25 a 35 euros el trayecto) y bajaron un 2,32% los del vehículo (84 euros en lugar de los 86 anteriores).
Balearia aplicó su política de incrementos de precios desde el 12 de junio, un día antes que Acciona, elevando el precio del billete tanto para ceutíes como para no residentes un 14,92% al pasar de 14,25 a 16,75 y de 28,50 a 33,50 euros, respectivamente. Para los residentes viajar con su vehículo pasó a de valer 37 a 56 euros (un 33,92% más), mientras que para el resto bajó de 86,29 a 82 euros (un 4,97% de caída).
Por su parte, la tercera naviera que opera en la línea marítima que une Ceuta y Algeciras, FRS, mantuvo sus precios, que pasaron a ser los más baratos para los ceutíes (15 euros el pasajero y 51 el vehículo) y para el pasajero no residente (32 euros), y siguió siendo el más caro para los vehículos de éstos (90 euros).
Una práctica concertada
Para la Ciudad, la actitud de Acciona Trasmediterránea y Balearia constituye "una práctica concertada o, cuando menos, una práctica conscientemente paralela", lo que en opinión de los servicios jurídicos "impide, restringe o falsea la competencia" en los términos expuestos en la Ley de Defensa de la Competencia, concretamente en el artículo 1.1, que prohíbe "todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela, que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en todo o parte del mercado nacional", y, en particular en lo referente a su apartado a), que hace referencia a "la fijación, de forma directa o indirecta, de precios o de otras condiciones comerciales o de servicio". La Ciudad expresa a la Dirección de Investigación de la Comisión Nacional de la Competencia su intención de personarse en el procedimiento sancionador en el caso de que se decida su incoación.
El Gobierno de la Ciudad ya utilizó este argumento hace cinco años, en 2008, cuando coincidiendo con la celebración de la Semana Santa las cuatro compañías que entonces operaban en la línea con Algeciras también subieron sus precios simultáneamente. La denuncia fue estimada por la Dirección de Investigación de la Comisión Nacional de la Competencia, que concluyó que las empresas se habían "extralimitado" en sus comunicaciones hasta "acordar tarifas de intercambio idénticas en numerosas ocasiones" entre febrero de 2008 y abril de 2010. Por ello, les impuso una multa a cada una de ellas que sumó un importe de 16,3 millones de euros.
En 2011, el Gobierno interpuso otra denuncia ante Competencia, por lo que ésta es la tercera denuncia desde 2008.
