La consejera de Asuntos Sociales, Rabea Mohamed, ha asistido al Pleno del Consejo Interterritorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que se ha celebrado en Madrid bajo la Presidencia del ministro del ramo, Alfonso Alonso, y durante el que se ha dado el visto bueno al reparto por autonomías de diferentes fondos, entre ellos, el de apoyo a la familia e infancia, del que Ceuta recibirá un millón de euros.
Ese millón de euros procede de una partida de 32 millones que el Ministerio que dirige Alfonso Alonso dedica a proyectos sociales de apoyo a la familia e infancia. En términos porcentuales, eso significa que la Ciudad dispondrá de algo más del 3 % del presupuesto total consignado por el Gobierno de España para ese programa, una muestra de su sensibilidad con las especiales circunstancias que concurren aquí y en Melilla, región que se llevará una cuantía similar por la misma razón.
A este respecto, la consejera Mohamed ha destacado la ausencia de objeciones por parte de todas las autonomías. Lejos de eso, han mostrado su solidaridad con la ciudad, algo que la titular de Asuntos Sociales también ha querido destacar al término de la reunión, de la que ha salido satisfecha.
Ese fondo, al igual que el ejercicio pasado, habrá de dedicarse a hacer frente a la situación de las familias que se encuentren en situación de privación material severa o de riesgo de pobreza y con niños a su cargo. Su objetivo, atender las necesidades sociales de esas familias, concuerda con el objetivo transversal del Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social 2013-2016, de lucha contra la pobreza infantil.
Otros fondos
Por otro lado, del crédito para el desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales de corporaciones locales, dotado con 27,4 millones de euros, la Ciudad recibirá algo más de 236.000 euros. Con ese dinero, la Administración local podrá cofinanciar la dotación y mantenimiento de equipamientos de carácter social.
Otros algo más de 2.000 euros llegarán a Ceuta del crédito para proyectos de intervención social integral para la atención, prevención de la marginación e inserción del Pueblo gitano, para lo que el Ministerio tiene una dotación presupuestaria de 412.500 euros.
Ceuta estará en un grupo de trabajo del Fondo de Ayuda Europea
Por otro lado, durante el Pleno del Consejo Interterritorial, se ha dado cuenta del Programa Operativo del Fondo de Ayuda Europea a las personas más desfavorecidas (FEAD) aprobado por la Comisión Europea y se ha aprobado la creación de un grupo de trabajo de carácter permanente para la gestión de este Fondo. Ceuta estará representada en ese grupo, en el que se trabajará el desarrollo de otros asuntos tratados también hoy por el Pleno del Consejo Interterritorial.
Por ejemplo, ese grupo de trabajo determinará el modelo e información que habrán de contener los informes sociales que acrediten la situación de necesidad de los beneficiarios de ayudas básicas, como las alimentarias, y que deberán emitir trabajadores sociales. También se ocupará de recopilar la información general sobre los recursos disponibles para personas en situación de vulnerabilidad, una información que habrá de ser ofrecida a los beneficiarios de las ayuda básicas.
Ambas cuestiones, la del informe social y el mapa de recursos, son las más inmediatas. Ya para 2016, el grupo de trabajo deberá determinar y diseñar un servicio de acompañamiento a los beneficiarios de ayudas básicas para llegar, de acuerdo con un protocolo de derivación que también deberá elaborar el mismo grupo de trabajo, más allá de la propia prestación de una ayuda en atención a la situación vulnerable y de riesgo de exclusión del beneficiarios.
Por otra parte, también durante la reunión del Pleno del Consejo Interterritorial y, en este caso, a propuesta de Ceuta, se ha acordado que las autonomías puedan dedicar hasta el 50 % del total de lo transferido por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a gastos de personal y de gestión. Hasta ahora, ese era el límite establecido para cada acción concertada. El cambio se adecúa al hecho de que existen acciones concertadas que apenas conllevan más gasto que precisamente ese, el de personal y gestión, y pese a ello estaban limitadas en cuanto a la posibilidad de financiación estatal.
