El Gobierno de Ceuta convocará para el próximo mes de febrero a la Comisión especial sobre el empleo. La creación de este órgano fue acordada por el Pleno el pasado mes de julio con la intención de establecer, en el seno de la Asamblea, un diálogo social entre todas las partes implicadas en este asunto, es decir, administraciones, organizaciones empresariales y sindicatos, además de partidos políticos.
La comisión se constituyó el pasado mes de octubre en una reunión en la que se sentaron las bases para su funcionamiento. El trabajo de este órgano tendrá como punto de partida un documento en el que el Gobierno establecerá sus planteamientos para el desarrollo económico de Ceuta. A partir de ahí se desarrolla el trabajo, en el que pueden hacer sus propuestas tanto los partidos de la oposición como los agentes económicos y sociales, como son la Confederación de Empresarios, la Cámara de Comercio y los sindicatos UGT y CC OO.
La modificación del Régimen Económico y Fiscal (REF), el status de Ceuta ante la Unión Europea, el turismo, el puerto, la presencia de las de las administraciones públicas, la formación y las medidas de apoyo para el tejido productivo serán algunos de los temas sobre los que girará el trabajo de este grupo.
La comisión, que hasta ahora encabezaba el consejero de Hacienda y Recursos Humanos, Francisco Márquez, pasará a estar presidida por el titular de la Consejería de Economía y Empleo, Premi Mirchadani, quien ya se ha hecho cargo de la dirección de este órgano. Su intención es convocar a los miembros de la comisión en la primera semana de febrero, en una fecha aún por determinar y que se consensuará con los participantes.
Esta comisión del empleo es una de las mesas de diálogo y estudio que el Gobierno ha abierto con los partidos de la oposición para avanzar en las soluciones a algunos de los principales problemas que tiene la ciudad, que van desde el suministro eléctrico al transporte. Junto a éstas en el Pleno del pasado mes de diciembre se acordó crear otra comisión para la reordenación del sector de la construcción, en la que también tendrá voz agentes económicos y sociales, además de las administraciones y los partidos políticos con representación en la Asamblea.
