La Ciudad Autónoma ha cerrado provisionalmente el expediente de liquidación del contrato de limpieza viaria con Urbaser, que ha saldado con la desestimación de las reclamaciones que por importe de 9,64 millones de euros realizaba el anterior adjudicatario y la solicitud por parte de la Administración de la devolución de 12,5 millones de euros en concepto de amortización de maquinaria. Junto a esto, la Ciudad reconoce una deuda con la empresa de 570.000 euros en concepto de intereses por el pago de los trabajos (certificaciones), según los datos aportados por el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, en una comparecencia pública.
La rueda de prensa se ha producido después de que el consejero de Hacienda,
Economía y Recursos Humanos, Guillermo Martínez, haya firmado un decreto en el que da traslado del expediente a Urbaser para que, en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo, pueda realizar sus alegaciones y proponer pruebas, y un segundo decreto por el que se demanda a la empresa información sobre la provisión (fondo de reserva) que contempla el contrato (unos 400.000 euros anuales). Urbaser dispone de 22 días naturales para poder exponer su versión.
La reclamación de los 12,5 millones está fundamentada en el informe del técnico de gestión contable, según el cual la amortización de la maquinaria está vinculada al número de servicios que se presta. Como consecuencia de ese criterio surgido en el informe que realizó para incorporar los vehículos de Urbaser al patrimonio de la Ciudad, el técnico –y el Gobierno– sostiene que el pago de las máquinas debe calcularse en función de su uso y no de su coste, calculado dentro del precio unitario establecido en el contrato. Por ello, considera que con los servicios que se efectuaron, el valor de los camiones fue amortizado en unos pocos años, por lo que al haberse seguido abonando, la Ciudad ha pagado 12,5 millones de euros de más por este concepto (el valor de la maquinaria varias veces).
Esos 12,5 millones son, por tanto, la diferencia entre el dinero abonado por maquinaria por la Ciudad (15,98 millones) y la inversión realizada por la empresa (3,46 millones). El contrato fue auditado por una empresa independiente que certificó que el precio se ajustaba al coste del servicio, incluyendo la amortización, que se calculaba que se abonaría durante los años de vida del contrato.
En el contrato se preveía que la maquinaria fuera sustituida tras la amortización, por lo que la empresa habría incumplido esta condición contractual, según ha explicado el presidente siguiendo el criterio del técnico de gestión contable.
Vivas ha recordado que “no se ha producido un daño irreparable” para la Administración, por cuanto que estamos en el momento de la liquidación del contrato, y teniendo en cuenta que el pago no valida el cumplimiento del contrato, tal y como se señala en un informe jurídico que obra en el expediente.
Una vez que Urbaser exponga su versión, la Ciudad procederá a resolver el expediente con la correspondiente propuesta de resolución. Antes de dar este paso, el Gobierno no descarta pedir un asesoramiento externo, ya que en caso de que la empresa no acepte el planteamiento de la Administración (actualmente reclama 9,64 millones de euros), el asunto se dirimirá en los tribunales.
