El Gobierno ha decidido reubicar a los menores extranjeros no acompañados (MENA) en el albergue de Hadú, la única instalación propiedad de la Ciudad con capacidad de adaptación para ese cometido, y cumplir así la orden de la Fiscalía de clausurar el centro La Esperanza, que no cumple las condiciones exigidas. Las obras de adecuación se tramitarán por la vía de urgencia con un presupuesto de en torno a los 300.000 euros y el realojo será posible en unos meses.
La consejera de Juventud, Deporte y Menores, Susana Román, ha dado cuenta a la oposición de la determinación adoptada por el Gobierno antes de hacerla pública ante los medios de comunicación en la rueda de prensa que, como cada viernes, ha seguido a la reunión del Consejo de Gobierno y en la que ha comparecido junto al portavoz.
No solo la adecuación del albergue es posible por la vía de urgencia sino que, además, el Ministerio Fiscal, que a finales de noviembre dio dos meses para clausurar el centro de menores emplazado en San Antonio, está conforme con la solución de la Ciudad, que llega antes de vencer ese plazo. Su única condición es que el realojo de los menores se lleve a cabo en un tiempo prudencial, y de la manera que el Gobierno ha decidido actuar, el cumplimiento de esa condición está garantizado.
Los técnicos de la Gerencia de Urbanismo ya han realizado una valoración inicial de las obras que será necesario acometer, y que es posible licitar y contratar con carácter de urgencia, y de lo que costarán esos trabajos, los estrictamente necesarios para albergar a los MENA: entre 300.000 y 400.000 euros, una cantidad alejada del millón y medio del que se habló antes de que llegara el requerimiento de la Fiscalía, cuando la idea era alojar en él, además de a los MENA, a los niños del Centro Mediterráneo.
Tras la orden del Fiscal, las opciones barajadas y estudiadas han sido varias. El Gobierno ha mantenido contactos con Defensa en busca de un acuartelamiento en desuso que acondicionar para reubicar en él a los MENA, y hoy mismo ha llegado una comunicación de ese Ministerio en sentido contrario, ya que los acuartelamientos que no están operativos con tales están siendo utilizados para cometidos como, por ejemplo, entrenar a las tropas. La comunicación recibida hoy no es definitiva, es decir, cabría la posibilidad de que los contactos fructificaran. Pero no hay tiempo para la espera. Tampoco para construir un centro nuevo, que era el compromiso del Gobierno antes de que llegara el requerimiento del Ministerio Fiscal.
Otra posibilidad era utilizar el antiguo hospital, el inmueble de la Cruz Roja, y por ello también se establecieron contactos y conversaciones con la institución humanitaria. Esta opción pronto fue desestimada, pues la propietaria aún no ha cerrado con el Ingesa el traspaso del edificio.
El Amor Fraterno, de la Vicaría, fue otra idea barajada y descartada, pues no reúne las condiciones de acogida de los MENA, no es posible su adaptación y, además, ahí están viviendo buena parte de los menores del Centro Mediterráneo desde que este hubo de ser desalojado y sometido a trabajos de reforma debido a un incendio. Por cierto, la consejera Román ha informado de que las obras de reparación de los daños que causó el fuego han terminado y de que ahora se están llevando a cabo unos trabajos de remozado y mejora, aprovechando la situación, que pronto finalizarán. Lo previsto es que vuelva a estar habitado antes de terminar enero.
La Fiscalía está al corriente de todas las opciones estudiadas por el Gobierno, que el jueves 12 de enero comunicó a los presidentes de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos y de la Asociación de Vecinos de Hadú, a falta de la comunicación que hoy ha llegado de Defensa, la solución más probable ayer y confirmada hoy: el albergue de San José, un proyecto de la Ciudad ejecutado con cargo al segundo fondo anticrisis del Gobierno de España, vía de financiación exclusiva para proyectos para colectivos vulnerables, como es el de los menores no acompañados.
La consejera de Juventud, Deporte y Menores ha comentado, al hilo de las voces críticas que se han escuchado en Hadú y que han relacionado este colectivo de menores con inseguridad, que el índice de delincuencia entre los MENA que tutela la Ciudad ni siquiera llega al 11%. Susana Román ha recordado que se trata de niños que llegan a Ceuta en busca de una vida mejor, que siguen un proyecto educativo individualizado y que asisten día a día a sus clases en el centro que les corresponde. "Esa es lo normal", ha subrayado Román, quien ha negado "la imagen que algunos pretenden dar".
