La Empresa Municipal de la Vivienda (EMVICESA), que depende de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, está enviando desde este jueves las cartas certificadas con acuse de recibo a los inquilinos de la promoción de Serrano Orive, en la que se les solicita que, dada la cercanía de la próxima prórroga de su contrato de alquiler, aclaren su situación jurídica y administrativa y acrediten documentalmente que siguen cumpliendo los requisitos exigidos en su día para ser beneficiarios de esta promoción.
Con este procedimiento, el Gobierno de la Ciudad busca normalizar la situación de esta promoción de 45 viviendas protegidas, concebida y construida en su momento para menores de 35 años en régimen de alquiler, con la finalidad de que siga siendo una promoción que favorezca la emancipación de la población más joven, objetivo en el que el Gobierno de Juan Vivas está trabajando y, de hecho, en localizar parcelas para la construcción de nuevas promociones trabaja la Dirección General de Gestión del Suelo.
Los inquilinos de Serrano Orive deben presentar, en el plazo de 15 días naturales y en el Registro de Emvicesa, documentos como la copia del DNI; la declaración de la renta de 2018; el Libro de Indice del registro de la Propiedad de la unidad familiar; el último recibo abonado del alquiler y los gastos de comunidad; los tres últimos recibos de luz y agua; Libro de Familia y el certificado de discapacidad emitido por el IMSERSO en el caso de estar ocupando una vivienda adaptada.
EMVICESA entenderá que el no presentar esta información puede entenderse como el desestimiento de la prórroga del contrato de alquiler, y por lo tanto, una vez finalizada la prórroga, el contrato quedará extinguido.
Antecedentes
Los inquilinos de esta promoción resultaron adjudicatarios de un proceso de selección realizado por EMVICESA y aprobado por la Comisión Local de la Vivienda en noviembre de 2007. En ese momento, los solicitantes debían acreditar que eran menores de 35 años, unos ingresos determinados, no disponer de vivienda en propiedad y estar empadronados en Ceuta. El procedimiento culminó en la celebración de un sorteo público y ante notario entre los más de 250 solicitantes admitidos.