El Pleno de la Asamblea ha aprobado por unanimidad crear una Comisión de Investigación para esclarecer el caso de la falsa lista de adjudicatarios de la promoción de 317 viviendas de Loma Colmenar aparecida en un medio de comunicación. La decisión se adopta después de que el Gobierno haya puesto el caso en manos de la justicia y haya decidido, repaldando un acuerdo unánime de la Junta de Portavoces, personarse como acusación particular en el procedimiento judicial, que ha recaído en el Juzgado de Instrucción número 3.
“Desde el primer momento hemos velado para que las viviendas se adjudicaran de manera legal, limpia y transparente, y el exviceconsejero de Vivienda tenía instrucciones para que este procedimiento se hiciera después de las elecciones, y sorpresivamente él entrega a un medio de comunicación una lista que nadie sabe cómo se ha hecho, que no ha estado sometida a ningún procedimiento de baremación, que no ha pasado por la Comisión Local de Vivienda, que no ha sido objeto de concurrencia pública, y sin que haya habido resolución”, ha explicado el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, durante la sesión plenaria.
Vivas reiteró que su obligación es defender el interés de todos los ciudadanos, y no solo de quienes aparecen en la falsa lista de adjudicatarios. “Comprendemos la indignación de las personas que aparecen en la lista porque se les ha manipulado y se les ha generado unas expectativas, pero no nos aprovechamos para sacar rédito político y lo que estamos haciendo es garantizar que se van a atender los casos de emergencia social y va a haber una adjudicación legal, limpia y transparente”, señaló el presidente explicando la postura del Gobierno haciendo referencia a los criterios aprobados por la Comisión Local de Vivienda. Vivas dijo también que se respetarán los compromisos adoptados por Emvicesa con adjudicatarios de otras promociones que renunciaron a la vivienda por sus dimensiones (no esos documentos firmados solo por el interesado o aquellos en los que el compromiso es instar a la Comisión Local de Vivienda a estudiar un caso concreto).
En este sentido, Susana Román, que defendió la postura del Ejecutivo, recordó que la paralización del proceso puesto en marcha por la Comisión Local de Vivienda, como ha solicitado algún partido de la oposición, ocasionaría “graves problemas” para el interés general, por el “deterioro inherente” que se produciría por mantener las viviendas vacías, porque significaría prolongar los costes de vigilancia en la promoción (para que no sean ocupadas las viviendas) y por el coste social que supondría tener 317 viviendas públicas sin utilizar teniendo en cuenta la necesidad existente.
