Los gobiernos de Ceuta y Melilla celebrarán en las próximas fechas una reunión técnica para elaborar la propuesta que elevarán al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para definir la nueva figura impositiva que se quiere crear en sustitución del IPSI. Así, lo ha anunciado hoy el consejero de Hacienda, Economía y Recursos Humanos y portavoz del Gobierno, Guillermo Martínez, tras mantener esta semana contactos con su homólogo melillense.
Este paso se da después de que el pasado día 15, el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, acompañado por el propio Martínez y el consejero de Programación y Relaciones con otras Administraciones, Francisco Márquez, se reuniera con el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, y quedaran emplazados a la resolución de esta iniciativa este año.
Para desarrollar este trabajo, los gobiernos de Ceuta y Melilla han contratado una asesoría externa. La consultora estará presente también en la reunión técnica, que previsiblemente se celebrará en Málaga la próxima semana o la siguiente.
La intención es crear un impuesto equiparable al IVA o al IGIC canario, "pero con la atenuación de los tipos de gravamen correspondiente a la realidad económica de Ceuta". Con la nueva figura impositiva se pretenden corregir algunas disfunciones que genera el sistema del IPSI.
En la propuesta se plantea la posibilidad de establecer un sistema (a la salida de Ceuta) de devolución del IPSI en régimen de viajeros, y sin que después el turista tenga que pagar el IVA. Se trata de procedimiento similar al que se aplica en Canarias, con devoluciones por compras particulares por importe de hasta 600 euros; una cantidad límite que también se podría fijar para las dos ciudades autónomas, tal y como está concebido actualmente el planteamiento, según explicó Guillermo Martínez.
Aclarar el ciclo mercantil completo
En la reunión con el secretario de Estado, Vivas se comprometió también a presentar en el plazo de dos meses una propuesta para definir el ciclo mercantil completo de cara a la aplicación de las ventajas fiscales que ofrecen las dos ciudades autónomas. Con esta iniciativa lo que se persigue no es otra cosa que "dotar de seguridad jurídica" tanto a la deducción del IRPF y como a la bonificación del Impuesto de Sociedades, situadas en ambos casos en el 50%.
La intención es que la propuesta adquiera rango legal por la vía que se estime pertinente y que este trabajo se cierre también antes de que finalice este año.
