El Consejo de Gobierno ha decidido hoy, a propuesta de la Consejería de Hacienda, Economía y Recursos Humanos y tras analizar un informe "exhaustivo" de Intervención, no autorizar la prestación de servicios por parte de trabajadores autónomos. Con esta medida el Ejecutivo pretende "evitar que se pueda pensar que en esta Administración se puede entrar por la puerta de atrás", según ha explicado el portavoz y consejero de Hacienda, Emilio Carreira.
Cada consejero –ha explicado Carreira– ha enumerado lo que consideran "servicios estructurales o prescindibles" y se ha acordado, "con carácter general, no contratar y desvincularse de aquellas relaciones establecidas para labores propias de los empleados públicos". "Hemos examinado con sumo cuidado asuntos que tienen que ver con la política de contratación sobre prestación de servicios por parte de autónomos", ha agregado el portavoz.
Con la decisión, el Gobierno pretende también evitar que puedan llegar casos al Juzgado de lo Social o la Inspección de Trabajo por poderse interpretar que la prestación de servicios ha generado algún derecho en el prestatario en su condición de trabajador. Por esto y para evitar que nadie pueda pensar que en esta Administración se puede entrar por la puerta de atrás, hemos optado por no autorizar ningún tipo de prestación de servicios por parte de autónomos", ha resumido el consejero.
