El Pleno de la Asamblea ha respaldado por unanimidad la propuesta del Gobierno de suspender los acuerdos adoptados por la Asamblea para la puesta en marcha de la reestructuración del sector público empresarial convirtiendo en organismos autónomos las sociedades municipales. El presidente de la Ciudad, Juan Vivas, ha sido el encargado de defender esa propuesta que él mismo anunció el 14 de enero y ha reiterado que tanto los servicios como los puestos de trabajo están garantizados.
En ausencia del consejero portavoz, Emilio Carreira, ha sido Vivas quien ha dado las explicaciones oportunas. Así, ha fundamentado la propuesta en argumentos legales, pues la suspensión de esos acuerdos es una posibilidad prevista en la ley. "Se trata de una medida de carácter cautelar, legal y, creo, también, que plenamente justificada porque estas resoluciones sobre la reestructuración del sector público han sido recurridas", ha desarrollado para contextualizar la situación resuelta hoy por el Pleno. "Sin recurso, no estaríamos planteando esto", ha remachado.
Ha esgrimido otra razón para la suspensión de los acuerdos adoptados en aras a reestructurar el sector público periférico: la posibilidad "cierta, conocida y anunciada" de que los recursos puedan prosperar, es decir, que puedan ser estimados en un juzgado. Ante eso, el presidente Vivas ha defendido la propuesta y no dar "pasos innecesarios". El objetivo, evitar trastornos en los servicios afectados, las nóminas, las cotizaciones a la Seguridad Social y la contratación. "También justifica la suspensión que, como alternativa a la misma, la ley establece un periodo obligatorio de audiencia a los interesados para la posible interposición de otras reclamaciones", que también podrían ser al propio contenido de los recursos, ha terminado su justificación. "Desde el inicio de esta andadura, sabíamos que el asunto era complejo y difícil y que los recursos podían presentarse: esta eventualidad podía producirse", ha reflexionado el presidente de la Ciudad en referencia explícita a que así había ocurrido en otras administraciones cercanas.
Además, ha reiterado ante la Cámara autonómica el convencimiento del Gobierno de que lo que se pretendía con la reestructuración era ventajoso para la Administración, pues al unificar áreas de gestión, reducir entidades, actualizar cometidos y objetivos -hay sociedades creadas hace más de 20 años- y adecuar su formato jurídico a la naturaleza de los servicios prestados se promovía, además, una mayor transparencia, control, eficiencia y eficacia.
"Tenemos la obligación, sobre todo el Gobierno, de ser audaces e intentar hacer lo que se debe aun cuando genere dificultades y no sea un camino fácil", ha dicho y ha afirmado: "También tenemos la obligación de ser prudentes, medir los riesgos y si estos se presentan, evaluar las consecuencias, y si son de riesgo grande e indebido, reconsiderar y enmendar". "Esto no es pernicioso", ha añadido.
Ejemplo de capacidad de acuerdo
"Hemos dado un ejemplo de capacidad de acuerdo, de consenso en asuntos fundamentales tanto desde el punto de vista político como sindical", ha reconocido públicamente a partidos -el acuerdo sobre la reestructuración salió adelante sin votos en contra en la sesión plenaria en la que se abordó- y a sindicatos -todos los que tienen representación apoyaron la reordenación del sector público empresarial en los términos en los que llegó al Pleno- . "Reconocimiento público a todos los que han participado y contribuido positivamente para poder alcanzar el acuerdo", ha comentado sin pasar por alto que es "bueno" trasladar esa capacidad de acordar.
Vivas ha terminado su intervención ante el Pleno lanzando un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos, porque lo servicios afectados están garantizados ya que las sociedades están vivas y son viables de acuerdo a la legislación de régimen local y mercantil. No en vano, ha destacado el presidente, todas las sociedades afectadas están equilibradas financieramente y son patrimonialmente solventes. El presidente ha extendido el mensaje de tranquilidad a los trabajadores, en su caso, porque los puestos de trabajo no corren peligro.