La consejera de Economía, Hacienda y Administración Pública, Susana Román, ha firmado hoy en Madrid con el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, el Convenio de colaboración con la Administración central para la financiación de los costes de funcionamiento de la planta desaladora.
Román ha subrayado la importancia de este acuerdo para el sostenimiento de un servicio público básico fundamental y ha destacado, también, que el Gobierno de España vuelve a probar su “especial” sensibilidad para atender las particularidades de Ceuta.
Con la firma de este convenio, como ha interpretado la titular de Economía, Hacienda y Administración Pública, el Ministerio da muestra “inequívoca” del compromiso del Gobierno que preside Mariano Rajoy con el derecho de todos los españoles a disfrutar de servicios básicos de calidad con independencia de su lugar de residencia. En esa línea, Román ha completado que la “ahora evidente sensibilidad” para atender, en este caso, los condicionantes de la escasez de recursos naturales y la extrapeninsularidad no existió con el Ejecutivo anterior.
En el acto de firma del convenio ha estado, también, la secretaria general de Coordinación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (MINHAP), Rosana Navarro.
16,3 millones desde 2012
Este es el cuarto convenio para la financiación de los costes de producción del agua que firman Ciudad y Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, lo que demuestra el compromiso del Gobierno con este proyecto. Los Presupuestos Generales del Estado para 2015 asignaron 4 millones de euros para este fin, cantidad a la que hay que sumar los 4,1 millones de 2012, los 4,09 millones de 2013 y los 4,08 millones de 2014. En total, 16,3 millones de euros entre 2012 y 2015.
Beteta ha recordado que este compromiso es con los ciudadanos de Ceuta, que carece de fuentes convencionales de agua y se ha visto obligada a recurrir a fuentes alternativas de abastecimiento y más costosas, motivo por el que el Gobierno ha contribuido a su financiación, evitando que el coste excesivo de la planta desalinizadora mermase los recursos de la Ciudad, necesarios para la financiación de servicios públicos a los ciudadanos.
