La Consejería de Sanidad, Consumo y Gobernación ha decretado el aislamiento obligatorio con vigilancia policial de los residentes en siete viviendas de los Grupos Erquicia y en la calle Joaquín García de la Torre (Sidi Embarek) así como de todos sus contactos por ser la forma más efectiva de limitar la propagación y contagio del COVID-19. En total, estos decretos de aislamiento afectan a 121 las personas, entre casos positivos y contactos estrechos.
Esta decisión se ha tomado después de que se hayan detectado al menos doce casos en diversos domicilios de ambas zonas, en un repunte tras la entrada de Ceuta en la fase 2 de la desescalada, y que supone un grave riesgo para la salud pública, además de que puede producir un retroceso en la desescalada de la ciudad, una sobrecarga del sistema sanitario y de los servicios encargados de la detección de casos y contactos. En la actualidad, el Servicio de Vigilancia Epidemiológica de la Ciudad está realizando el seguimiento a 170 personas, que son contactos de casos activos, cifra que asciende a 1.840 personas aproximadamente desde que comenzó la pandemia .
De estos decretos, que prohíben expresamente a los afectados salir de sus viviendas bajo ningún concepto, se ha dado traslado a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad para que supervisen la orden dictada por la autoridad sanitaria, para que, reforzando su presencia en ambas zonas, se impidan incumplimientos que pongan en riesgo la salud pública de la población.
Hay que recalcar que Sanidad recurre a los decretos cuando se tiene constancia de que existe riesgo de que se incumpla el aislamiento, pero todas aquellas personas a las que INGESA o el Servicio de Vigilancia Epidemiológica de la Ciudad, que trabajan de manera coordinada, les comunique que tienen que permanecer en aislamiento, tanto por ser casos en investigación como contactos, han de cumplirlo de manera obligatoria y podrán ser denunciadas si se tiene constancia de que han salido de su domicilio o permitido visitas.
Por otra parte, las áreas de Sanidad y Servicios Sociales colaboran para atender las necesidades de aquellas personas que, obligadas a aislarse, no cuenten con medios o recursos para hacerlo adecuadamente en sus viviendas -actualmente hay seis personas en un alojamiento alternativo proporcionado por la Ciudad-; poder abastecerse de alimentos y medicamentos o que requieran de asistencia para la recogida de basura. Igualmente, la Ciudad, a través del Colegio de Psicólogos, proporciona asistencia gratuita a los afectados, y se coordina con Cruz Roja para la prestación de de esos servicios a las personas o núcleos familiares que deban estar confinadas en sus viviendas.
Más denuncias por vulnerar los aislamientos
Paralelamente, los servicios jurídicos de la Consejería están preparando otros dos expedientes administrativos, relativos a incumplimientos de aislamientos obligatorios, para su correspondiente denuncia ante la autoridad judicial. Desde que comenzó el estado de alarma, la Consejería ha decretado además cuatro aislamientos obligatorios con vigilancia policial y ha denunciado a dos personas por vulnerarlos.
La Consejería está planteando, además, emprender acciones legales contra todas aquellas personas que acosen y amenacen al personal sanitario que se encarga de atender la línea 900 de información sobre coronavirus y que además está colaborando con gran dedicación y esfuerzo en el rastreo de contactos de casos positivos de COVID-19, tarea por la que estos trabajadores están sometidos a situaciones de alto estrés.
