La Consejería de Asuntos Sociales ha intensificado sus esfuerzos para atender las necesidades de alojamiento alternativo el ejercicio en curso en relación al año pasado no solo desde el punto de vista presupuestario sino, también, en lo concerniente al trabajo del personal del área, pues se trata de un servicio cuya prestación va mucho más allá de buscar un alojamiento a quien lo necesita por estar viviendo una situación de conflicto en su entorno de convivencia, una situación de marginación y emergencia u otra problemática específica.
Además de eso, la actuación integral que en el marco de esa prestación lleva a cabo la Consejería que dirige Rabea Mohamed supone garantizar los recursos de apoyo y las gestiones necesarias para conseguir que el individuo afectado cuente con un marco estable para el desarrollo de la convivencia. Se trata de un trabajo, en definitiva, en cuyo desarrollo resulta imprescindible la implicación del personal, al que la titular del área reconoce y agradece su esfuerzo.
Los medios con que Asuntos Sociales afronta esas situaciones de conflicto en el entorno de la convivencia, marginación y emergencia se concretan en programas propios y otros concertados con distintas entidades. Todos los programas se detallan a continuación.
Distintos recursos para atender diferentes situaciones
Un recurso de este servicio es el de Residencias e internados para la atención al colectivo de mayores, por un lado, y de personas con discapacidad intelectual, por otro. Respecto del primer colectivo, la Ciudad tiene concertadas con Cruz Blanca 10 plazas con las que dar respuesta a sus necesidades de alojamiento cuando no es suficiente uno temporal o mantener a la persona en su entorno habitual. Ese concierto tiene un presupuesto este año de 154.000 euros, una cantidad similar a la consignada para ese mismo fin el ejercicio pasado.
En cuanto al perfil del usuario de esta ayuda, cabe destacar que, por sexos, y según los datos de 2011, la mayoría son varones (el 74%). En relación al estado civil, solteros, divorciados, separados y viudos, en ese orden, es lo más habitual. Lo más común es un nivel de estudios bajo y también es un rasgo frecuente tener algún tipo de discapacidad. Del balance de 2011 es reseñable que todas las solicitudes fueron atendidas.
En cuanto a la atención que se presta en el ámbito del servicio de alojamiento alternativo, y dentro del programa Residencias e internados, al colectivo de personas con discapacidad intelectual, Asuntos Sociales dedica 164.000 euros este año para la disposición de 15 plazas con las que cuida no solo la necesidad de alojamiento residencial sino también la rehabilitación socio sanitaria del usuario. El presupuesto y el número de plazas en que se resume este recurso son, de nuevo, similares a las del año pasado. La entidad con la que está concertada esta prestación es Cruz Blanca.
Una ayuda específica ante conflictos de convivencia graves
Además, dentro del servicio de alojamiento alternativo, la Consejería cuenta con la ayuda denominada Centros de acogida. En ellos atiende situaciones de urgencia que viven personas con un grave conflicto de convivencia o carentes de medios familiares adecuados. Desde Servicios Sociales se les procura el tratamiento necesario para que normalicen su convivencia y, para ello, esa área dispone de un total de 8 plazas en la residencia de las Adoratrices de Santa María Micaela, a lo que dedica 68.000 euros este año, lo mismo que en 2011.
Esta ayuda está dirigida a mujeres con hijos a su cargo que necesitan alojamiento en medida de urgencia. De los usuarios de 2011, el 90% eran familias (madres con algún hijo a su cargo) y la mayoría no tenía ocupación ni estudios. Por horquillas de edad, la que más usuarios registra es la que va de los 21 a los 30 años.
El alojamiento de urgencia: la otra necesidad atendida
Otro recurso de Asuntos Sociales dentro del servicio de alojamiento alternativo es el denominado Alojamiento de urgencia, una prestación que se lleva a cabo en situaciones que requieren una intervención inmediata, después de la preceptiva demanda y valoración de la situación, para paliar la ausencia de alojamiento de manera urgente y temporal garantizando unas condiciones de vida dignas.
La Ciudad atendió esas necesidades el ejercicio pasado mediante un convenio con Cruz Blanca y, también, con realojos en pensiones, hoteles y viviendas de alquiler. Si en 2011 esta prestación supuso en conjunto 1,3 millones de euros, en lo que va de ejercicio esa cifra se alza hasta 1,4 millones. Cerca de 400 familias, según datos de la propia Consejería, se han acogido a esta prestación este 2012.
Precisamente el Pleno de la Asamblea aprobó el pasado octubre el Reglamento de Alojamiento Alternativo, que tiene por objeto establecer y regular las prestaciones económicas destinadas al abono de un porcentaje de rentas o precio de alquiler de viviendas arrendadas para constituir la residencia habitual del inquilino y, en su caso, de la unidad familiar de la que forme parte.
El objetivo de la prestación es garantizar de forma rápida y adecuada la cobertura de la necesidad básica de alojamiento en situaciones de urgencia como punto de partida de un proceso dirigido a la normalización social, proceso que requiere de entrevistas, visitas domiciliarias, reuniones, seguimientos, informes...
El Reglamento regula derechos y deberes y procedimientos relacionados con dos recursos. Uno es la ayuda al alquiler, que es una prestación de naturaleza económica destinada a unidades de convivencia que carecen de recursos suficientes para hacer frente a gastos específicos necesarios para prevenir, evitar o paliar situaciones de exclusión social. El otro recurso es el alojamiento temporal de urgencia, una prestación excepcional de naturaleza asistencial y por tiempo limitado que sirve para atender situaciones críticas determinadas por la carencia de vivienda que requieren de una intervención inmediata para paliar la situación de emergencia.
Una vez entre en vigor, para lo que resta su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad, el personal de Asuntos Sociales tendrá que revisar la situación actual de la prestación caso por caso para comprobar que se ajusta a lo que recoge el Reglamento. La consejera Mohamed ha querido también reconocer el esfuerzo añadido que, igual que la propia elaboración del Reglamento, supondrá ese proceso de revisión por parte del personal adscrito a la Consejería.
