La consejera de Educación, Cultura y Mujer y presidenta de la Fundación Convivencia, Mabel Deu, ha participado hoy en Madrid en la reunión del Comité Asesor de la Fundación Pluralismo y Convivencia, donde se ha acordado que sea este organismo el que se encargue de valorar y aprobar los proyectos que concurran a la convocatoria de las subvenciones que otorga esta entidad estatal.
Estas ayudas están abiertas a cualquier entidad religiosa. En el caso de las islámicas, y como novedad, serán las propias asociaciones quienes reciban la subvención, de modo que desaparece el papel de intermediación de las federaciones. De esta manera, será la entidad (asociación o, en su caso, federación) quien presente el proyecto y en caso de aprobarse recibirá de manera directa el presupuesto y lo gestione.
El Comité Asesor de la Fundación Pluralismo y Convivencia, en el que Ceuta es una de las cinco autonomías presentes (junto a Cataluña, País Vasco, Aragón y Comunidad Valenciana), se encargará de valorar los proyectos y distribuir las ayudas. El Comité resolverá por consenso, de manera coordinada y aplicando las normas establecidas en las bases de una convocatoria que perseguirá fundamentalmente apoyar proyectos que fomenten el pluralismo religioso.
En la reunión se ha tratado también la creación del Observatorio del Pluralismo Religioso, un órgano que servirá para la gestión de la información sobre este asunto. Así, el Observatorio creará un directorio de comunidades religiosas, un glosario de las confesiones y un manual para la gestión de esa diversidad, entre otras cuestiones.
CITA EN CEUTA
En la reunión de hoy, y con la presencia de la consejera de Educación, Cultura y Mujer de la Ciudad Autónoma, se ha confirmado que Ceuta será la sede de la próxima cita que celebre este órgano dependiente del Ministerio de Justicia, lo que tendrá lugar en el primer trimestre de 2012.
El Comité Asesor de la FPC tiene entre sus fines promover la normalización del hecho religioso en la sociedad, asesorar sobre gestión de la diversidad religiosa a responsables políticos de los distintos ámbitos territoriales (local, autonómico, estatal), colaborar en la promoción de un discurso global que favorezca la convivencia y la cohesión social y promover espacios de coordinación entre instituciones.