La consejera de Educación, Cultura y Mujer, Mabel Deu, ha asistido hoy en Madrid a la Conferencia Sectorial de Igualdad, que ha presidido la secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero, y en la que se ha acordado la ampliación del crédito destinado a la asistencia integral de las mujeres víctimas de violencia de género y a los menores a su cargo. Se trata de un aumento de 300.000 euros, lo que eleva el importe total de dichas transferencias a 4,3 millones de euros. De esta cantidad, algo más de 77.000 euros será lo que le corresponda a la Ciudad Autónoma de Ceuta, lo que supone un incremento de alrededor de un 50 % en relación al año pasado.
Por este motivo, la consejera ha destacado el "sobre esfuerzo" realizado desde el Ministerio para aumentar el crédito a repartir entre las regiones, y ha recalcado la "sensibilidad" de este departamento al "sumar las peculiaridades" de Ceuta después de que se hayan incrementado la cuantía que reciben en 25.000 euros. "Ceuta tiene una elevada densidad de población y una población flotante diaria de entre 20.000 y 25.000 personas, y muchas de ellas son usuarias de los servicios de asistencia integral a la mujer", ha manifestando en relación al argumento expuesto por la Ciudad para el reparto de ese fondo adicional de 300.000 euros que se ha realizado aplicando criterios distintos al de la población.
Red nacional de casas de acogida
Asimismo, en la Conferencia Sectorial se ha aprobado un Protocolo de derivación a casas de acogida de las mujeres que han sufrido la violencia de género, así como de sus hijos e hijas. El documento acelerará los plazos de tramitación de desplazamiento entre centros de acogida hasta un máximo de 15 días. La interconexión entre comunidades y las propias casas acerca de su disponibilidad de plazas y de los recursos que ofrece permitirá en un periodo muy breve proceder al desplazamiento. Desplazamiento que se efectuará sobre los principios de celeridad, seguridad y confidencialidad, y con un aspecto a tener en cuenta: si la mujer no cuenta con recursos económicos suficientes, la comunidad de la que procede se encargará de los gastos del viaje. Se abre la opción de que tanto ésta como la comunidad de recepción acuerden el reparto de los costes.
También asumirá la comunidad de origen el gasto que ocasionen los viajes de regreso por obligación del proceso judicial o por causa debidamente justificada. En este caso, y en atención a la máxima de la seguridad, la comunidad afrontará también los gastos del alojamiento.
Por otro lado, una vez finalizada la estancia en la casa de acogida de acuerdo con los criterios de los especialistas, la mujer podrá decidir si se instala en la comunidad que la acogió, en cuyo caso ésta pondrá a disposición la información sobre sus recursos y aplicará los que le corresponda, tanto a ella como a sus hijos. Porque ésta es también la premisa del Ministerio y de las Comunidades y Ciudades Autónomas reunidas en la Conferencia Sectorial: la atención a los menores y la presencia junto a su madre.
Con esta aprobación se avanza de manera definitiva en el establecimiento de una verdadera Red Nacional de Centros de Acogida y se produce una mejora sustancial de la coordinación entre las distintas redes autonómicas, y con ello en la protección y la seguridad de las víctimas y de los menores a su cargo, así como en facilitar su recuperación integral.
Pautas de intervención integral
La Conferencia Sectorial ha servido también para presentar a los gobiernos autonómicos las "Pautas comunes para la Intervención integral e individualizada con mujeres víctimas de violencia de género sus hijos e hijas y otras personas a su cargo". Las Pautas, fruto de la colaboración y las aportaciones realizadas por las autonomías, se presentan con el fin de que contribuyan a realizar una intervención personalizada y multidisciplinar con las víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas. Tanto el Ministerio como las Comunidades y Ciudades Autónomas pretenden, de este modo, una atención integral acorde a las necesidades del proceso recuperatorio. La Propuesta incide en dos elementos esenciales para satisfacer de manera eficaz tales necesidades: la coordinación de las intervenciones de los distintos profesionales que participan, evitando revictimizaciones a las mujeres, y la definición de unos objetivos hacia la recuperación de las víctimas (mujeres e hijos) sobre la base de la asistencia psicosociales, laboral, educativa y sanitaria.
Asimismo y por primera vez se incluye en la agenda de trabajo común con las Comuniagenda y Ciudades Autónomas, la atención específica a otras formas de violencia contra la mujer, como es la mutilación genital femenina, en consonancia con la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres 2013–2016. Las administraciones, en consecuencia, se coordinarán para plasmar las actuaciones autonómicas efectuadas al respecto, y se creará un nuevo grupo de trabajo on-line para el intercambio de información y documentación relevante.
Por otro lado, acerca de la lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, continuando la colaboración iniciada en la Conferencia Sectorial de 2012, un grupo de trabajo procederá a la actualización de la Guía de Recursos autonómicos dirigidos a las víctimas.
