Con 319 votos a favor, 16 abstenciones y ningún voto en contra, el Congreso de los Diputados ha aprobado hoy la toma en consideración de la primera iniciativa legislativa que presenta la Asamblea de Ceuta, y con la que se persigue incrementar al 50 por ciento las bonificaciones de las cuotas patronales a la Seguridad Social. La toma en consideración ha sido defendida por el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, en una intervención con un marcado tono institucional, con la que ha tratado de arrancar los mayores apoyos de la Cámara Baja.
El presidente de la Ciudad ha defendido la propuesta, que ha considerado “trascendental, de gran calado” y, sobre todo, “justa”, apelando a la excepcionalidad de los “condicionantes, limitaciones y dificultades” que limitan las posibilidades de desarrollo de Ceuta y, por tanto, de creación de empleo. “No existe ningún otro lugar dentro de España en el que, a las dificultades propias de la extrapeninsularidad, se sumen la extrema escasez de suelo y otros recursos naturales, los elevadísimos precios de las comunicaciones con la península, el reducido tamaño del mercado local y el asimismo singular hecho fronterizo”, ha explicado Vivas. El presidente ha recordado, asimismo, que la entrada de España 
en la UE (entonces Comunidad Económica Europea) agotó el modelo económico existente, basado en la condición peculiar de ser territorio franco aduanero.
Y si las limitaciones tienen una “naturaleza permanente e irreversible”, la medida debe tener un “carácter estructural”, tal y como ha pedido el presidente, que además ha solicitado que el asunto se agilice en su tramitación de cara a que entre en vigor cuanto antes.
En cuanto a los condicionantes, Vivas ha manifestado que el impacto del hecho fronterizo nace como consecuencia de las “abismales” diferencias de renta y de protección social existentes entre ambos lados de la frontera, lo que a su vez se traduce en “una fuerte presión migratoria en todas sus variantes” y en una mayor demanda de servicios fundamentales. Desde la perspectiva del desarrollo económico y del empleo, la frontera no abre oportunidad alguna debido a que las autoridades marroquíes “estrangulan, coartan e impiden” cualquier posibilidad de desarrollo conjunto basada en la complementariedad, en la cooperación y en la normalización de las relaciones económicas y comerciales.
SOLO ES POSIBLE CON EL APOYO DEL ESTADO
Así, la frontera como el resto de condicionantes hace que el tejido productivo de Ceuta sea “incapaz” de superar “tan acuciantes dificultades”, convirtiendo al paro en un problema “endémico” y abriendo la puerta a la aparición de “condiciones de marginalidad y grave riesgo de inestabilidad y quiebra social”. Para afrontar este problema de una manera “realista y responsable”, explicó el presidente, es necesario elevar el peso en la economía del tejido productivo, lo que inevitablemente significa activar “con la suficiente determinación” incentivos “eficaces” que contrarresten esas dificultades, y que, de este modo, hagan atractiva la inversión y la localización empresarial y mejoren la competitividad y la productividad. Así, continuó Vivas, se podrán aprovechar las fortalezas y oportunidades existentes, explotando todo el potencial de crecimiento con que cuentan los sectores del turismo, las actividades portuarias, el comercio, y los servicios en general.
“Ceuta y Melilla necesitan del apoyo solidario, decidido, suficiente e insustituible, de los poderes públicos del Estado, si de verdad se quiere viabilizar una estructura productiva que permita combatir, en condiciones de estabilidad, el drama social del paro que de manera crónica se sufre, y favorecer el arraigo de la población”, resumió.
Estos condicionantes, y principalmente la extrapeninsularidad, no solo limitan las posibilidades de desarrollo, sino que también penalizan la residencia al encarecer bienes y servicios. Por ello, Vivas ha pedido que, tal y como ocurre con la vigente bonificación, que la medida repercuta no solo en las empresas, sino también en los trabajadores para que, así, contribuya a “paliar” los efectos que tiene en el coste de la vida y favorecer, de este modo, el arraigo de la población.
LA CONSTITUCIÓN COMO ARGUMENTO
Por último, el presidente encontró en “dos pilares” de la Constitución, el más sólido de sus argumentos: “El derecho de todos los españoles a ser iguales en niveles de vida, en el acceso a los servicios públicos, y en oportunidades, con independencia de que residan en la península, en las islas o en nuestras dos Ciudades Autónomas, y la obligación de los poderes públicos de velar por un equilibrio territorial adecuado y justo”.
La tramitación de esta propuesta, tal y como señaló el presidente, “no impide” su aprovechamiento para, “con base en las negociaciones llevadas a cabo y trabajos realizados desde el mes de octubre del pasado ejercicio, concretar, acotar y graduar lo que se estime apropiado”. Del mismo modo, la toma en consideración “tampoco impide plantear en un futuro próximo otras vías alternativas que conduzcan al mismo fin”.
