Los jóvenes, las personas en riesgo de exclusión social y los miembros de familias sin ingresos conformarán los colectivos prioritarios que se beneficiarán de manera directa de los planes de empleo. Así consta en una propuesta que ha aprobado por unanimidad el Pleno de la Asamblea, presentada por el Gobierno de manera transaccional a una iniciativa de Caballas, y que será trasladada al Servicio Público de Empleo Estatal, instándole a su aplicación en el caso de los planes que se desarrollan con dinero del Ministerio de Empleo, y de aplicación directa en el caso de los planes que de manera directa ponga en marcha esta Administración, como el aprobado en la sesión plenaria de febrero.
Según ha detallado la consejera de Presidencia, Gobernación y Empleo, Yolanda Bel, los criterios de selección de los desempleados, que deberán estar inscritos como demandantes de empleo, tendrán en cuenta especialmente a los jóvenes, con o sin formación, a las personas en riesgo de exclusión social y a los componentes de familias que no perciben renta alguna, de acuerdo con la estrategia de emprendimiento que ha aprobado el Gobierno central. Así, con carácter general, la antigüedad no será un factor determinante a la hora de seleccionar a los beneficiarios, según la propuesta a la que han dado su visto bueno todos los grupos parlamentarios.
La propuesta presentada por el Gobierno establece, además, que la selección se efectuará de acuerdo a criterios de idoneidad para el puesto de trabajo, y valorando una actitud positiva en relación a la inserción laboral, el verdadero fin que se persigue con esta medida paliativa. Por este mismo motivo, el salario que perciban los desempleados no podrá ser un elemento disuasorio para que los beneficiarios traten de encontrar un empleo en la actividad privada. Junto a esto, los beneficiarios estarán obligados a compatibilizar trabajo y formación, sin recibir por ello una retribución adicional.
La memoria que definirá los planes de empleo, establece que los programas que se pongan en marcha respeten el principio de no injerencia, de modo que no supongan una amortización de puestos de trabajo en las administraciones públicas. Las actividades que sirvan de complemento a los servicios en beneficio de la comunidad y aquellas que mejoren la inserción laboral serán algunas de las prioritarias a la hora de definir los programas que se pondrán en marcha.
