El Gobierno de la Ciudad se ha mostrado dispuesto a iniciar los trámites para rescindir “de mutuo acuerdo” el contrato con la empresa TRACE, adjudicataria del servicio de limpieza pública.
Lo ha explicado en el Pleno de la Asamblea, que ha aprobado una moción en este sentido, la consejera de Economía, Hacienda, Administración Pública y Empleo, Kissy Chandiramani, que ha realizado un recorrido cronológico por las vicisitudes que ha atravesado este contrato desde el año 2013.
Chandiramani ha subrayado que el Gobierno no está contento con la limpieza, algo que se evidencia en el hecho de que, en los últimos 13 meses, a la empresa se le han detraído casi tres millones de euros de las certificaciones, lo que supone el 20 % de su cobro.
La consejera ha destacado que se ha seguido escrupulosamente el criterio de los técnicos, que en junio de 2017 determinaron que se estaba incumpliendo el contrato y que los niveles de calidad no eran los adecuados. “El de la limpieza es el servicio público de excelencia y hemos dedicado miles de horas a solucionar esta situación, porque es una de nuestras máximas preocupaciones”, ha matizado. En cualquier caso, el contrato se rescindiría siempre salvaguardando los intereses generales de la Ciudad y los derechos laborales de la plantilla.
La consejera ha explicado que se va a solicitar un informe a un despacho jurídico especializado acerca de la forma y opciones que tiene la Ciudad para rescindir el contrato y que se está a la espera de un informe del Consejo de Estado sobre las condiciones de esta adjudicación. Chandiramani también ha aprovechado para recordar que el actual adjudicatario del contrato recibe 3,5 millones de euros menos que el anterior, ya que se trató de un servicio licitado en plena crisis económica, algo que lo ha lastrado hasta ahora a pesar de que se modificó para inyectar 1,5 millones de euros más para incrementar los servicios e intentar llegar a los niveles de calidad anteriores.
