El Consejo de Gobierno ha decidido atender la petición del consejero de Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Emilio Carreira, para destinar a dos policías locales de forma específica a velar por el cumplimiento de las ordenanzas municipales medioambientales, especialmente las referentes al depósito de residuos en los contenedores en los horarios establecidos y la recogida de los excrementos de las mascotas.
Para hacer pedagogía y evitar que la ciudadanía piense que la iniciativa responde a un "afán recaudatorio" –ha explicado el portavoz del Gobierno y consejero de Presidencia, Gobernación y Empleo, Jacob Hachuel– durante el primer mes de servicio de la unidad se impondrán sanciones a las que no se dará trámite, de modo que serán "simbólicas".
Una vez concluido ese periodo de gracia de finalidad pedagógica, la unidad, que en un principio llevará el uniforme del Cuerpo con algún distintivo, y el resto de los policías locales aplicarán la normativa. El Reglamento de tenencia, protección y bienestar de animales de compañía de la Ciudad Autónoma especifica que recoger los excrementos de las mascotas en la vía pública no es una opción del propietario, sino una obligación. No hacerlo está tipificado como falta leve, que conlleva una multa de entre 60 y 750 euros.
Del mismo modo, el horario para depositar basura en los contenedores es de 21.00 a 24.00 horas en verano y de 20.00 a 24.00 horas en invierno. Tirar la basura fuera de este horario está considerado también una falta leve, en este caso en la Ordenanza sobre buen uso de los espacios públicos, sancionado con 150,25 euros. La misma multa conlleva depositar –a cualquier hora– los residuos fuera de los contenedores. Para lo que no hay horario estipulado es para hacer el uso pertinente de los contenedores de reciclaje.
Por último, el responsable de Gobernación ha agradecido a los agentes de la Policía Local el esfuerzo que están haciendo asumiendo nuevas tareas permanentes como esta o la vigilancia en la promoción de 317 viviendas de Loma Colmenar, que se efectúa las 24 horas del día tras la publicación de una falsa lista de adjudicatarios, un caso que el Gobierno ha puesto en manos de la justicia.
