"Estamos de acuerdo todos en que Ceuta ha pasado de ser una de las ciudades más limpias de España a estar sucia y estamos de acuerdo en que es necesario hacer una auditoría; se está haciendo". Con este reconocimiento e información ha iniciado el consejero de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Fernando Ramos, su respuesta durante el debate por parte del Pleno de la propuesta relativa a auditar el servicio de limpieza pública viaria, en lo que el Gobierno, que la ha apoyado, viene ya trabajando.
El consejero Ramos ha recordado, eso sí, que el presupuesto del contrato de limpieza sufrió un recorte con motivo de la crisis. "Hubo que apretarse el cinturón; el contrato se hizo en un momento sumamente difícil y la crisis obligó a reducir gastos; la basura no fue menos", ha desarrollado antes de subrayar lo que se logró de aquella manera: "Conseguimos que todos los trabajadores tuvieran su sueldo a final de mes". Tampoco ha pasado por alto la imposibilidad de mejorar el contrato debido al límite que marca la ley, que limita su modificación al 10 % como máximo.
Asimismo, el titular de Medio Ambiente y Sostenibilidad ha expuesto que las certificaciones -los pagos a la empresa por los servicios prestados debidamente- se pueden detraer a lo largo de todo el contrato y que el impacto que esas certificaciones tienen en el salario de los trabajadores del servicio es del 90 %. "No pagar una certificación supone que no cobren en un determinado momento", ha replicado a quienes entienden que la solución es dejar de pagar a la empresa, sobre cuyo trabajo, por cierto, se ha estrechado el control aumentando la plantilla del servicio dedicado a esa inspección. "Es cierto lo del sistema de control de flota -la concesionaria tiene la obligación de implantar tecnología digital, que todavía no emplea- y se les ha advertido en distintas ocasiones con partes", ha admitido, por otro lado, el consejero Ramos.
"No existe connivencia ni amiguismo", ha negado la mayor la acusación vertida por el Grupo Parlamentario Caballas. Como ejemplo de prueba ha esgrimido que existe una reclamación de cobro de 1,7 millones de euros por parte de la empresa que no ha sido atendida. "Si tienen indicios de ilícito penal, digan quién y cómo", ha añadido el presidente. "¿Íbamos a hacer partes y controles que obran en el expediente si hubiera connivencia? El partido no ha acabado", ha concluido ante la premura exigida desde la oposición.
Al final, lo aprobado por el Pleno de la Asamblea con 21 votos a favor y 4 abstenciones ha sido que los Servicios Jurídicos y de Contratación de la Ciudad Autónoma los que hagan la auditoría, de la que en dos meses el Gobierno dará cuenta a la oposición en la Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad.
