El Gobierno de la Ciudad considera que la sentencia del Tribunal Supremo que establece que el proceso de retorno de menores desde Ceuta a Marruecos en agosto de 2021 debía estar amparado por la Ley de Extranjería y no por el Acuerdo con Marruecos, pone en evidencia la necesidad de agilizar los mecanismos de solidaridad en el conjunto de España, es decir, de derivación de menores a otros autonomías con la mayor agilidad posible, “lo que venimos demandando desde hace tiempo”, ha explicado el consejero de Presidencia y Gobernación, Alberto Gaitán “y que no sean los mismos territorios los que tienen que soportar en primer instancia este fenómeno de la inmigración de menores no acompañados”.
El consejero también ha destacado que la acogida en territorios como Ceuta, Melilla y Canarias no puede desbordar su capacidad de gestión.
En comparecencia tras el Consejo de Gobierno, el consejero ha manifestado, en nombre del Ejecutivo de la Ciudad, su más absoluto respeto, “sin matices ni reparos” al pronunciamiento judicial: “Se trata, como saben, de un asunto sobre el que, tal y como hemos manifestado en distintas ocasiones, estábamos convencidos de que actuó conforme a la ley. La sentencia indica y subraya la magnitud, la gravedad y la dificultad de la situación de aquel momento, y que se entendió que el acuerdo con Marruecos del 6 de marzo de 2007 era una norma internacional que forma parte del ordenamiento jurídico español y por tanto, se consideró el mecanismo idóneo a la situación de excepcionalidad y siempre entendiendo que era en interés superior del menor”, ha subrayado Alberto Gaitán, que ha valorado que, en definitiva, la sentencia lo que hace es “clarificar” la naturaleza jurídica del acuerdo con Marruecos “y, por tanto, indica cómo debe ser aplicable”.
En aquellos momentos, y tras lo sucedido los días 17 y 18 de mayo, Ceuta vivía una situación absolutamente extraordinaria, una emergencia humanitaria y excepcional, “y este Gobierno hizo lo que creíamos era nuestra obligación, que era acudir a todos los instrumentos legales que pudieran remediar esta difícil situación”.
En aquellos momentos, insistió, se solicitó al Gobierno de la nación, a través de la Delegación del Gobierno, que se activara el acuerdo entre España y Marruecos para el retorno asistido. Y, fruto de aquellas gestiones del Gobierno de la nación, se iniciaron dichos retornos, una actuación, conjunta y coordinada, se tuvo muy en cuenta el interés superior de los menores, que se encontraban en una situación precaria en nuestra ciudad.
