Policía Local y personal del área de Menores trabajan coordinadamente para actualizar los protocolos existentes de actuación en ese ámbito y, a falta de que ultimen esa labor, el Gobierno ha anunciado que habrá más presencia policial en las zonas y horarios de concentración de menores. La consejera del área, Adela Nieto, ha comparecido hoy después de la reunión del Consejo, que precisamente ha abordado la situación generada a raíz del crimen perpetrado el viernes pasado. Además, ante la situación de “colapso” del Centro de Acogida La Esperanza, que alberga a los menores extranjeros no acompañados (MENA) el Ejecutivo tratará el problema en el Ministerio competente, el dirigido por Fátima Báñez, de manera conjunta con Melilla.
La de hoy ha sido la primera reunión del Consejo de Gobierno después del asesinato el viernes de un hombre de 20 años presuntamente apuñalado por un MENA y, al término de esa cita, la consejera de Sanidad, Servicios Sociales, Menores e Igualdad ha comparecido junto con el consejero portavoz, Jacob Hachuel.
“Lamentamos y condenamos el crimen; nos encontramos consternados y entendemos que haya generado una inquietud en la ciudadana; inquietud a la que no somos ajena”, ha iniciado su intervención Nieto para, a continuación, reconocer el trabajo de la policía, las autoridades judiciales, los empleados del área de Menores y la colaboración ciudadana, que permitió la detención del presunto autor y resto de implicados pronto.
La titular de Menores ha desarrollado que el fenómeno de los MENA está vinculado al hecho fronterizo que singulariza a Ceuta y Melilla y que, si bien ha existido desde hace años, repuntó en 2015, cuando la Ciudad pasó de tener de a entre 60 y 70 niños de ese colectivo al año a la situación actual de un “colapso” que, traducido en números, alcanza los 200 anuales. “Hoy [17 de marzo de 2017] son 170 los que residen en el centro [de acogida La Esperanza, ubicado en San José-Hadú]”, ha informado la consejera. “No podemos atender el número de menores extranjeros no acompañados que tenemos actualmente”, ha aseverado Adela Nieto. Ha argumentado esa aseveración: “No se ajusta a nuestra capacidad real, que según los técnicos es de entre 60 y 70 para hacerlo en condiciones óptimas”.
La consejera ha recordado el esfuerzo que en términos económicos suponte la atención de este fenómeno por parte de la Ciudad Autónoma, que en 2016 dedicó al colectivo MENA 5.080.000 euros, de los que el Estado, en concreto, la Secretaría General de Inmigración, aportó, mediante la colaboración convenida, 1,4 millones. De esa forma ha desmentido informaciones que acusan a la Administración de lucrarse gracias a este colectivo. “No es cierto”, ha zanjado.
“Siempre hemos querido y procurado hacer compatible el marco de protección jurídica del MENA con la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos”, ha comentado la consejera, quien ha defendido por “obvio” que el ideal es que esos menores estén “con sus padres, en su entorno familiar, en sus países de origen”. “Eso es proteger su interés jurídico”, ha afirmado.
¿Qué está haciendo el Gobierno ante la situación actual? Intensificar los contactos con el Gobierno de Melilla, que se enfrenta a la misma situación, para de manera conjunta trasladar el problema ante el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, competente en Inmigración. De ello ha hablado ya el presidente de Ceuta, Juan Vivas, con su homólogo en la ciudad hermana, Juan José Imbroda, y han acordado pedir cita a la ministra Fátima Báñez, para “a la mayor celeridad posible”, en palabras de Adela Nieto, ponerla al corriente de la situación y trazar una estrategia que alivie la carga migratoria que está soportando ambas ciudades.
El Ejecutivo, como ha explicado la consejera de Menores, también baraja una acción con alguna organización no gubernamental (ONG) que facilitara la devolución de los MENA a su país de origen previa identificación de su familia, así como hablar del asunto con el Ministerio de Asuntos Exteriores.
“En cuanto a la seguridad, que nos preocupa, se intensificarán los medios entre la Policía Local y el equipo de Menores”, ha expuesto Adela Nieto, quien ha detallado que trabajan en la intensificación de los protocolos de actuación que ya existen, que afrontan el problema desde una perspectiva global, es decir, velando también por la seguridad de los propios menores; y que habrá más policía local donde se concentran los menores que se fugan del centro La Esperanza. “No debemos criminalizar al colectivo de MENA; la mayoría no es conflictiva”, ha subrayado la consejera, quien ha completado: “Pero existe un número con situaciones de conflicto, que producen situaciones no deseables, y el Gobierno está preocupado y ocupado en estas tareas”.
Las medidas privativas de libertad –ingresos en el reformatorio Punta Blanca- que afectaron a MENA de La Esperanza en 2016 fueron 13 y, ese mismo año, se dictaron 88 medidas alternativas al internamiento de MENA acogidos en ese centro. En la actualidad, son 15 los MENA internos en Punta Blanca.
