El presidente del Tribunal de Cuentas (TCU), Ramón Álvarez de Miranda, aprecia que la Ciudad ha mejorado de forma considerable en sus procedimientos en 2006 y 2007, como ha puesto de manifiesto durante la reunión de la Comisión Mixta Congreso Senado de Relaciones con ese órgano fiscalizador, ante la que ha presentado los informes relativos al periodo comprendido entre 2002 y 2004 –este, de carácter especial y realizado a propuesta de la Ciudad- y el referido a 2005, de carácter ordinario. El Gobierno respeta ambos pronunciamientos del TCU, que ha detectado menos deficiencias que en el periodo analizado con anterioridad.
El propio Álvarez de Miranda ha asumido como un reto agilizar los trabajos de la institución durante su Presidencia –llegó al cargo el pasado julio- y tratar de presentar sus informes al Parlamento con más actualidad, dado que ahora lo hace hasta con diez años de diferencia.
En el caso de los informes relativos a Ceuta, el diputado por Ceuta y consejero de Programación y Relaciones con otras Administraciones, Francisco Márquez, ha explicado que esa distancia en el tiempo hace que su validez quede en cuestión, pues el Gobierno ha venido trabajando en "corregir, mejorar y perfeccionar todo lo susceptible de mejora", como prueban varias novedades en el ámbito normativo y el propio reconocimiento de Álvarez de Miranda de que los procedimientos empleados han mejorado.
En cualquier caso, el menor número de deficiencias de carácter procedimental, administrativo y contable detectadas ya pone en evidencia la intención del Gobierno de mejorar, como confirma también el contenido de los informes relativos a años posteriores a 2005.
En cuanto a procedimientos y aspectos normativos mejorados, a modo de ejemplo, hay que reseñar que la Ciudad se ha dotado de un Reglamento del Inventario General, un Reglamento de Subvenciones, que con posterioridad a su aprobación fue modificado para incrementar la fiscalización por parte del área de Intervención; y de Normas internas de contratación y redacción de pliegos de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas.
Márquez ha detallado que la Administración puso en marcha en 2005 un proceso de regularización y actualización del inventario que ha consistido, fundamentalmente, en la implantación de una nueva aplicación informática para su gestión, la conciliación de cada ficha de inventario con los mayores de contabilidad y la identificación y delimitación de los inmuebles propiedad de la Administración autonómica, de sus organismos autónomos y de sus empresas públicas y otras entidades que integran el sector público autonómico.
En relación al segundo documento normativo citado, el diputado y consejero ha ahondado en el tema al exponer que con la aprobación por parte de la Asamblea del Reglamento Autonómico de Subvenciones, se garantiza que las subvenciones se ajusten a los procedimientos legales y se respeten los principios de publicidad, libre concurrencia y objetividad en las subvenciones.
Mejoras introducidas en materia de contratación
En materia de contratación, ha continuado el consejero Márquez, se han endurecido los requisitos de carácter interno para la contratación de carácter menor en sus diferentes modalidades con objeto de permitir un mayor control y, por ello, tales requisitos se estipulan en las bases de ejecución de los presupuestos anuales. Además, se ha duplicado el personal al servicio del Negociado de Contratación y se ha creado la Mesa de Contratación Permanente, con la incorporación a su composición de una mayoría de personal técnico especializado. De hecho, solo un diputado autonómico está incluido en ese órgano.
Estos no han sido los únicos avances. La lista continúa con la unificación en la Consejería con competencias en materia de Recursos Humanos de todas las competencias de contratación de personal con carácter temporal. Y ese control se ve reforzado con la exigencia establecida en las bases de ejecución de cada presupuesto anual de la necesidad de acuerdo previo del Consejo de Gobierno para cualquier decisión que afecte al capítulo de personal de todo el sector público local.
Por otro lado, el estado financiero de las sociedades mercantiles ha evolucionado de forma positiva y se exige mensualmente que cada una presente una certificación de que no se ha producido incremento de gasto de personal con respecto al mes anterior.
