La Ciudad Autónoma y la Delegación del Gobierno estudiarán la viabilidad técnica, jurídica y económica de un proyecto de instalación de cámaras de seguridad y protección civil en los puntos en los que los Cuerpos de Seguridad lo consideren necesario, según han acordado hoy los máximos representantes de ambas administraciones, Juan Vivas y Francisco Antonio González Pérez, en una reunión en la que han convenido reactivar el Consejo de Empadronamiento y crear una unidad de disciplina urbanística.
El estudio de la implantación de cámaras nace como respuesta a los actos vandálicos que vienen sucediendo en las últimas fechas en en las calles de Ceuta, como el apedreamiento de autobuses urbanos y la quema de vehículos, y tras confirmarse el éxito de esta medida en otras ciudades. En cualquier caso, los aparatos se pondrán "donde los técnicos indiquen", aseguró el presidente de la Ciudad.
Vivas y González Pérez instaron a los mandos de los tres cuerpos policiales que trabajan en Ceuta a continuar e intensificar en la línea de colaboración que tienen abierta. En este sentido, el presidente de la Ciudad señaló que la Junta Local de Seguridad se convocará "cada vez que sea necesario" y al menos, una vez cada seis meses. La próxima cita se celebrará probablemente en febrero.
Padrón y disciplina urbanística
Los responsables de ambas administraciones acordaron también convocar el Consejo de Empadronamiento para "compartir esfuerzos, análisis y gestiones" en relación al censo, después de que la población de Ceuta haya crecido desde que comenzó la crisis un 8% debido a empadronamientos ficticios que han elevado la población de Ceuta por encima de los 85.000 habitantes. Además, se creará una unidad técnica que se encargará de la elaboración de propuestas, se implicará en esta tarea a los Cuerpos de Seguridad del Estado y se agilizarán las vías comunicaciones entre las administraciones.
La Ciudad Autónoma ya viene trabajando en este asunto. De hecho, desde que comenzó de 2012, la Administración local ha denegado el empadronamiento a 741 extranjeros y ha dado de baja en el Padrón a otros 358, mientras esperar resolver este mes otros 180 expedientes. Para combatir esta picaresca, el delegado del Gobierno no ha descartado que se tomen medidas legales contra quienes colaboran en la ejecución de esta práctica fraudulenta que tiene un coste para los ciudadanos, ya que el Padrón proporciona el acceso a los servicios sociales y otros como la sanidad o la educación.
Por último para combatir las obras ilegales, Vivas y González Pérez han convenido también en la necesidad de crear una unidad específica de disciplina urbanística que efectuará una labor preventiva y que agilizará la toma de decisiones. "Es necesario que haya una respuesta ágil, porque estas prácticas es más difícil combatirlas cuando se consumen", explicó el presidente de la Ciudad haciendo referencia a los trámites administrativos e incluso judiciales que deben efectuarse para culminar un expediente de demolición de una obra realizada.
