El Gobierno llevará al Pleno de la Asamblea la revocación de los acuerdos adoptados por ese mismo órgano sobre la reestructuración del sector público periférico, que se mantendrá como estaba, y garantiza tanto los servicios que presta como los 700 empleos en que se traduce. El Ejecutivo ha adoptado esta decisión sin perder el consenso que ha caracterizado este asunto desde sus comienzos y ante la posibilidad cierta de que el recurso presentado prosperara en la vía judicial. "Este paso, la reconsideración, no pone en situación de riesgo la continuidad de las sociedades, los servicios y el empleo; esa continuidad está garantizada por la Ciudad y por el Gobierno de la Ciudad", ha subrayado el presidente, Juan Vivas.
"Desde el primer momento sabíamos que [la conversión de las sociedades y empresas municipales en organismos autónomos] era una iniciativa compleja; que podían surgir escollos", ha continuado antes de explicar que los "obstáculos" que han surgido tienen "la entidad suficiente" para justificar "una reconsideración del asunto", reconsideración que afecta al formato que, para el presidente, era el "más adecuado", pero que "para nada afecta a los aspectos fundamentales", es decir, a la continuidad de los servicios y el empleo y al compromiso de seguir avanzando en la línea de transparencia, control, eficiencia y eficacia. "Serán otros los vehículos e instrumentos pero seguiremos en esa línea", ha indicado.
Antes de que el Gobierno adoptara esta decisión, el propio presidente se reunía con los representantes de los trabajadores. Después lo hacía con su equipo, reunión en la que el Ejecutivo ha adoptado la postura que, antes de hacer pública, ha dado a conocer a los portavoces de los grupos políticos con representación en la Asamblea.
Prudencia para no poner en riesgo los servicios y 700 empleos
Ya en declaraciones a los periodistas, Juan Vivas ha empezado por explicar que la opinión de los jurídicos es que el recurso está "bien fundamentado", por lo que podría prosperar ante un tribunal de justicia. "No quiere decir que se lleve razón pero tampoco que no la lleve; sería un tribunal de justicia quien tuviera que resolverlo", ha explicado el jefe del Gobierno, partidario de no introducir en los nuevos organismos regionales la "inseguridad" e "incertidumbre" que durante un tiempo "indeterminado", el que tardara en resolverse el asunto, penderían sobre los servicios y los trabajadores.
Por eso, ante la expectativa de una "controversia jurídica de notable enjundia", ha continuado, "había que reflexionar". "Asumir el riesgo que implica una posible estimación del recurso en la vía jurisdiccional es muy alto, y la prudencia y la responsabilidad exigen considerar y enmendar", ha argumentado Vivas antes de precisar cuál sería el riesgo. "¿Qué ocurriría si dentro de meses o años un tribunal dijera que este proceso está indebidamente llevado a cabo, si dijera que los organismos autónomos están indebidamente constituidos?", se ha preguntado el presidente. "¿Qué pasaría con los servicios y qué pasaría con ese personal, cuál sería su refugio ante una sociedad que se hubiera extinguido para entonces?", ha agregado. "Mirando por los servicios y por la tranquilidad y seguridad de los trabajadores, hemos tomado esta decisión con el respaldo de los sindicatos y a sabiendas de que habrá grupos que puedan criticar esta decisión", ha resumido para concluir, al respecto, que "gobernar no es estar cómodo" sino "intentar las cosas y, cuando no se puede, de una manera prudente y responsable reconsiderar la situación y actuar en consecuencia".
Vivas: "Podemos elegir porque los deberes están hechos"
Abandonada la idea de transformar las sociedades en organismos autónomos, el Gobierno prevé una modificación de sus estatutos para que sus objetivos se ajusten a la realidad presente. "Es una vía b para tratar de conseguir el mismo objetivo aun cuando considero que la a era la más interesante", ha expuesto Vivas. "Seguimos pensando que estos servicios están formalmente mejor bajo el formato de organismo autónomo que el de sociedad mercantil porque se trata de servicios de índole administrativa, pero esto no implica que prestándolos como sociedades mercantiles se esté haciendo de manera ilegal", ha indicado.
En la actualidad, las sociedades todavía no han entrado en fase de liquidación, por lo que rectificar es posible. Pero no solo por eso es factible la reconsideración. "Las sociedades tienen que cumplir con el requisito de equilibrio financiero y este Gobierno ha trabajado durante mucho tiempo, especialmente los dos últimos años, para que esto fuera así; por eso podemos hacer esta reconsideración", ha apuntado el presidente. "Hay quien dijo que hacíamos la reestructuración porque antes no habíamos hecho los deberes, porque no teníamos más remedio; pero no es así", ha subrayado antes de responder a esas voces críticas lo siguiente: "Los deberes están hechos desde el momento en que estamos en condiciones de poder elegir entre una transformación susceptible de controversia y pleito o quedarnos como estábamos cumpliendo con la ley".
