El Pleno de la Asamblea ha acordado aprovechar el proceso de revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para regularizar las viviendas que sean susceptibles de ser legalizadas. La consejera de Fomento, Susana Román, ha explicado que la actualización del PGOU, ahora en periodo de exposición pública, permite dar respuesta a esas situaciones siempre y cuando se trate de viviendas que no estén construidas, por ejemplo, en espacios que afectan a la defensa nacional, de dominio marítimo terrestre o de carreteras, es decir, viviendas que no puedan ser legalizadas "bajo ningún concepto".
Román ha propuesto, utilizando el PGOU como instrumento base y a sabiendas de que esto no es "un huevo que se echa a freír", revisar la calificación de los suelos afectados por viviendas susceptibles de ser regularizadas con el objetivo final de transferir la propiedad del suelo a los propietarios de las viviendas para que estos puedan hacer los trámites oportunos como cualquier otro propietario de un piso.
"Tenemos la oportunidad histórica de hacerlo y de hacerlo todos a la vez", ha animado la titular de Fomento el voto de la oposición a favor de la transaccional con que ha rebatido la propuesta del Grupo Parlamentario Caballas de implementar un plan especial para la regularización de viviendas ilegales.
Recinto Sur, Arcos Quebrados y Príncipe son algunos de los lugares citados por Román en su intervención ante el Pleno de la Asamblea, foro en el que ha indicado que en el caso de viviendas irregulares levantadas sobre terreno propiedad de Defensa, cabe incluir esa casuística en el convenio que el Gobierno de Ceuta negocia con el Ministerio para adquirirlo en propiedad.
El acuerdo ha salido adelante por unanimidad.
