El Pleno de la Asamblea ha dado su aprobación inicial a la disolución de la Gerencia de Urbanismo (GIUCE) a propuesta de la consejera de Fomento, Susana Román, quien ha defendido el trabajo de ese organismo autónomo, que se disuelve a raíz de que las personas que lo integran hayan pedido su reincorporación a la estructura de la Ciudad. La GIUCE empezó a funcionar en 2010 y, desde entonces, ha ahorrado casi 8 millones de euros a las arcas públicas.
Desde 2010, se han ejecutado obras por importe de 75,8 millones de euros y todas han estado dirigidas por los ingenieros y arquitectos de la GIUCE. El hecho de no haber contratado la dirección de los trabajo ha supuesto un ahorro de 2,5 millones de euros. Además, la GIUCE ha dirigido obras de distintas consejerías y esto también se ha traducido en ahorro para el erario público, en este caso, por importe de 23.433 euros.
La redacción de proyectos merece mención aparte. Ese capítulo ha concentrado buena parte del trabajo desarrollado por la GIUCE. En datos, desde su creación en 2010, cabe reseñar los 82 proyectos que ha redactado el personal de la GIUCE y los casi 5 millones de euros ahorrados a la Ciudad al asumir ese trabajo, que por lo tanto no ha tenido que ser contratado.
Asimismo, la GIUCE ha asistido técnicamente a otras áreas de Gobierno. Tampoco es desdeñable esta parte de de su trabajo. Los datos lo evidencian. Ha emitido una media de 130 informes al año, lo que ha conllevado un ahorro para la hacienda local de algo más de medio millón de euros.
La consejera Román ha defendido este trabajo, al que ha sumado la concesión de más de 400 licencias en el tiempo de vida de la GIUCE, y ha ceñido las razones de la disolución de este organismo al deseo de sus trabajadores de volver a sus antiguos puestos.
Aprobada la disolución de forma inicial con los votos a favor de los diputados del Grupo Popular y del Grupo Socialista y la abstención del Grupo Caballas, se abre un periodo de exposición pública de 30 días para, con posterioridad, convocar la comisión liquidadora y ejecutar el acuerdo, que no acarreará coste para la Ciudad porque lo que hace, en resumidas cuentas, es suceder en derechos y obligaciones al organismo disuelto.
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