La Consejería de Fomento ha comenzado, con la demolición de las construcciones anexas al antiguo centro de menores de La Esperanza, las obras de adecuación del entorno de la ermita de San Antonio, en el Monte Hacho. El área de actuación, rodeada en su mayor parte por pinares mediterráneos, abarca una extensión de 1.768 metros cuadrados.
El objetivo es crear un conjunto armónico en los exteriores con una configuración más homogénea. En la primera fase el Grupo Tragsa, empresa pública que realiza los trabajos mediante una encomienda de gestión, ha derribado las instalaciones anexas al centro de menores y ha realizado el replanteo del claustro porticado, que ya estaba implícito en el siglo XVIII y que se construirá adosado al lateral de la ermita.
Una vez hecho esto, se procederá a configurar un espacio único alrededor de la ermita, un entorno diáfano, en el que habrá dos espacios de miradores y que estará adornado con plantas adecuadas al clima mediterráneo que precisen un cuidado mínimo. El recinto estará dotado además de comunicaciones, alumbrado, una fuente ornamental y elementos de mobiliario urbano como pérgolas para el descanso y disfrute de los usuarios.
Las obras, con un presupuesto de 609.848 euros, se ejecutarán sobre un proyecto realizado por el arquitecto ceutí Francisco Pérez Buades para recuperar este lugar, que se encuentra hasta ahora muy degradado y en el que hasta finales de 2011 se ubicaba el antiguo centro de La Esperanza. La intervención pondrá en valor así una zona con un alto interés turístico e histórico, ya que la ermita, que data del siglo XVI, es uno de los lugares emblemáticos de Ceuta, con unas vistas privilegiadas de la ciudad y el conjunto del estrecho de Gibraltar
El plazo de ejecución de las obras es de seis meses y se enmarcan en el compromiso del Gobierno de Ceuta por mejorar el servicio a sus ciudadanos mediante el Plan de Barriadas, para lo que se está contando con la experiencia de Tragsa.
Para que esta obra se pueda realizar, el Ministerio de Defensa ha realizado una concesión demanial de los terrenos a favor de la Ciudad Autónoma por 20 años y prorrogable por un máximo de 75.
