El consejero de Hacienda, Francisco Márquez, ha remitido una carta al secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Carlos Ocaña, en la que expresa el malestar de la Ciudad Autónoma por haber sido excluida de la distribución del rendimiento del impuesto que crea el anteproyecto de ley de regulación del juego que el Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes para su remisión a las Cortes Generales.
El texto legal establece el marco regulador de las actividades de juego desarrolladas en el ámbito estatal a través de medios electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos. La ley crea un régimen fiscal específico para las actividades objeto de regulación, que gravará la autorización, celebración y organización de las diferentes actividades de juego que puedan explotar los operadores habilitados, con la excepción de las loterías, que no estarán sujetas al nuevo Impuesto sobre Actividades de Juego.
Según el texto aprobado, la totalidad de los ingresos que se recauden por actividades de juego on line se destinará a las 17 Comunidades Autónomas, pero no a Ceuta y Melilla. Y todo ello a pesar de que la Ciudad Autónoma tiene encomendada la supervisión del cumplimiento de los requisitos fijados a los operadores, de la concesión de licencias y autorizaciones, y de garantizar el correcto funcionamiento del sector del juego y el cumplimiento de la normativa vigente. Esta gestión se realiza ya sin que la Administración local perciba ni un céntimo de los rendimientos que deja esta actividad económica, y el nuevo texto legal lejos de poner fin a esta situación, perpetúa "un sistema injusto que atenta contra los intereses de los ciudadanos de Ceuta y Melilla", tal y como señala el consejero en la carta remitida al secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos.
Por ello, Márquez no duda en calificar el anteproyecto de ley de regulación del juego "una oportunidad perdida" para poner fin a una situación "gravemente discriminatoria".
SIN JUSTIFICACIÓN LEGAL
La exclusión de Ceuta, por tanto, no solo no viene justificada por la gestión de la competencia, sino tampoco por otros textos legales de mayor jerarquía, por lo que el Gobierno de la Ciudad, tal y como manifiesta el consejero de Hacienda, desconoce los motivos de esta excepción. Lo que es cierto es que "ni la Constitución, ni nuestros Estatutos de Autonomía, ni la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y ciudades con Estatuto de Autonomía, dan cobertura a esta exclusión", señala Márquez en la carta remitida al secretario de Estado.
En la misiva, el consejero de Hacienda pide al secretario de Estado que adopte "las medidas oportunas" para modificar el anteproyecto con el fin de "incorporar la previsión de que Ceuta y Melilla percibirán, mediante la correspondiente transferencia financiera, una cuantía que suponga la concreción de una justa distribución de los recursos tributarios que se generen en el nuevo modelo".
En los mismos términos y con los mismos argumentos, el consejero de Hacienda del Gobierno de Melilla, Guillermo Frías, se ha dirigido al secretario de Estado, solicitándole también que corrija esta injusta situación.
