El portavoz del Gobierno, Guillermo Martínez, ha destacado hoy el “importante rédito” obtenido en las reuniones que ayer mantuvo el presidente de la Ciudad con el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, y con el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos. Martínez ha resaltado “la receptividad” encontrada por Juan Vivas a los planteamientos que realizó, que se materializaron en la obtención de una financiación adicional, y no contemplada en el vigente Presupuesto de la Ciudad, de unos 29 millones de euros, además de en el visto bueno al inicio de la reforma del Régimen Económico y Fiscal, incluido el IPSI.
Pero si se pide a los ministerios apoyo y financiación, la respuesta debe ser un compromiso con la austeridad y el control del gasto “hasta el límite de lo posible”, ha dicho Guillermo Martínez. De esta manera se refería el portavoz del Gobierno a la posibilidad de dar marcha atrás al lan de Sostenibilidad y en particular a la eliminación de la denominada jornada partida y especial para el 17% de la plantilla de la Ciudad. Este es el compromiso del Gobierno de la Ciudad, que ayer expresó el propio presidente en sus reuniones con el secretario de Estado y con el ministro de Economía, pues no se puede demandar solidaridad en una situación económica como la actual y no eliminar el gasto prescindible. El destino del ahorro será el mantenimiento de los servicios, la reducción de la deuda y la inversión.
El portavoz ha reiterado que el Gobierno sigue estando abierto al diálogo con las centrales sindicales con representación en la Asamblea, si bien ha precisado que se circunscribirán a asuntos laborales, y en ningún caso a temas políticos y presupuestarios, a lo que han condicionado los sindicatos las negociaciones. “Sobre los presupuestos no hay nada que negociar, como no puede ser de otra manera", ha resumido.
FISCALIDAD Y FINANCIACIÓN
En cuanto al REF, el portavoz ha anunciado que se constituirá un grupo de trabajo entre los ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas y de Economía y Competitividad y las ciudades de Ceuta y Melilla. Se trata de volver a convertir el REF en una herramienta que permita el desarrollo económico en condiciones de estabilidad y que incentive la localización de empresas, la inversión y el empleo, que garantice las comunicaciones con la península, que apoye la cohesión social, que asegure la suficiencia financiera y la cobertura de los servicios públicos en condiciones igualdad con el resto de España, que facilite el equilibrio de la hacienda local y que, al mismo tiempo, convierta el IPSI en un factor que ayude a la competitividad.
En cuanto a la financiación, en la reunión con el secretario de Estado de Administraciones Públicas se concretó en la obtención de unos ingresos adicionales que rondan los 29 millones de euros, entre el incremento de las cantidades que recibirá Ceuta como autonomía (10 millones), como entidad local (3) y con el mantenimiento del convenio para la producción de agua (4) y la gestión de los planes de empleo (12 millones de euros).
Estas cantidades llegarán con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado que el nuevo Gobierno central presentará dentro de tres semanas, donde se reducirán en torno a un 12% el gasto corriente de los ministerios y un 40% la inversión para reducir el déficit y afrontar la situación económica por la que atraviesa el país. “No hay prueba más palpable de la sensibilidad del Ejecutivo hacia Ceuta y Melilla que esa financiación adicional que llega en un contexto de contención y dificultad”, argumentó el portavoz del Gobierno.
CRÉDITO ICO
Martínez también ha destacado que la Comisión Delegada para Asuntos Económicos que preside Mariano Rajoy estudiará la posibilidad de adaptar a Ceuta y Melilla la línea de crédito que a través del ICO creará el Gobierno central para refinanciar la deuda. Aunque la Administración no puede emitirla, la Ciudad quiere utilizar esta vía para los anticipos a cuenta que debe realizar para poder disponer desde el 1 de enero de cada ejercicio de la compensación por la desviación del IPSI del año anterior que recibe en torno a mitad de año. Para afrontar esta situación, la Ciudad debe suscribir una póliza de crédito y en el contexto económico actual esto se traduce en unos tipos de interés para las administraciones que pueden alcanzar hasta el 10 por ciento. Con el ICO los intereses serían inferiores.
