El Gobierno y las centrales sindicales con representación en la Asamblea han retomando hoy, en el seno de la Mesa General de Negociación de la Ciudad Autónoma, el diálogo en torno a los aspectos laborales incluidos en el Plan de Sostenibilidad. El Ejecutivo ha mejorado sustancialmente la propuesta de acuerdo y ha establecido medidas para mitigar el impacto que tendrá la reorganización de los servicios en las retribuciones de una parte de los empleados públicos. La propuesta, con la que la Ciudad demuestra su esfuerzo y su voluntad de alcanzar un acuerdo, favorece, por tanto, a todos y cada uno de los trabajadores afectados, reduciendo el impacto que tendría en las respectivas economías domésticas una rebaja que en algunos casos es sustancial.
En la reunión, presidida por el director general de Recursos Humanos, Juan Manuel de la Torre, el Gobierno ha explicado la necesidad de aplicar medidas de racionalización y eficiencia en el gasto, y su compromiso con el mantenimiento de todo el empleo público. En base a esto, se ha mantenido, por tanto, la decisión de reorganizar los servicios, que es la única medida del Plan de Sostenibilidad que afecta a los empleados públicos, y que conlleva la eliminación de las denominadas jornadas partidas y especiales únicamente en aquellos servicios en los que se estima que no es necesario. No obstante, Recursos Humanos ha hecho una revisión de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) –el documento que determina las condiciones laborales de cada empleado público y, por tanto, los complementos que percibe–, modificando algunos casos.
Esta revisión incluye el mantenimiento de la jornada partida y especial de algunos trabajadores, pero también la eliminación de estos complementos en el caso de otros empleados públicos, entre ellos agentes de la Policía Local que prestan sus servicios en las oficinas y los que se encuentran en situación de segunda actividad, si bien en este último caso se estudiará su viabilidad legal. Finalmente, el personal afectado equivale aproximadamente al 20 por ciento de la plantilla de la Ciudad Autónoma.
PLUS VOLUNTARIO Y VINCULADO AL PUESTO DE TRABAJO
Paralelamente, el Gobierno ha ofrecido a los sindicatos un acuerdo para amortiguar el impacto en las retribuciones del personal afectado por la eliminación de las denominadas jornadas partidas y especiales. Se trata de la creación del denominado Complemento Personal Transitorio, un plus equivalente al 50 por ciento de la retribución que percibe el trabajador por realizar esta jornada partida y, en su caso, especial.
Sin perjuicio de lo que disponga la RPT, el Complemento Personal Transitorio conllevará para los puestos de trabajo afectados la aplicación de los conceptos de: disponibilidad y dedicación. El primero de ellos supone que el empleado público deberá trabajar fuera del horario habitual cuando se le sea exigido y sin que pueda negarse a ello, mientras que la dedicación se traducirá en la realización de un mínimo de 80 horas de trabajo anuales fuera de la jornada normal de trabajo, y que se utilizará para cuestiones como materializar programas y actividades, cumplir objetivos o sacar adelante el trabajo en plazos.
Este complemento es de carácter voluntario, de modo que será susceptible de renuncia por parte del empleado público. Para ello, el trabajador deberá presentar un escrito ante Recursos Humanos, que automáticamente lo dejará sin efecto junto con las condiciones de trabajo transitorias que lleva aparejadas. Del mismo modo, conllevará la supresión del complemento el cambio de puesto de trabajo del empleado público que se efectúe de manera voluntaria, para ocupar un puesto de libre designación o por el sistema de concurso.
ESFUERZO Y COMPROMISO
Con esta propuesta, el Ejecutivo mantiene sus planes con la reducción del gasto a través de la racionalidad y la eficiencia, que propiciará un ahorro de similar cuantía al fijado en los planes iniciales. Para ello, además de revisar la asignación de jornadas partidas y especiales en la RPT, el Gobierno amortiza todos los puestos de trabajo que no estén vacantes ni sujetos a oferta de empleo, de modo que esta medida no perjudicará a ningún empleado público.
Con esta oferta el Gobierno esperar poder cerrar en las próximas fechas un acuerdo con las centrales sindicales, de modo que el Plan de Sostenibilidad pueda ser aprobado por el Pleno en su sesión de este mes y comience a aplicarse a partir del próximo 1 de abril. En este sentido, el Ejecutivo apela de nuevo a la responsabilidad de los sindicatos en este momento crítico para la economía española, y espera que los representantes de los trabajadores sepan estar a la altura de las circunstancias. De momento, la Mesa General de Negociación volverá a reunirse el jueves día 15, y para el Ejecutivo local la aprobación del Plan de Sostenibilidad este mes es un objetivo irrenunciable.
El Gobierno valora la recuperación de la senda del diálogo, y mantiene su compromiso con la austeridad y el mantenimiento de todos los puestos de trabajo, razones que justifican estos planes en la política de recursos humanos, que pasan, igualmente, por el mantenimiento de la calidad de los servicios.
