El portavoz del Gobierno, Guillermo Martínez, ha defendido el contenido del Plan de Sostenibilidad que el Gobierno someterá el próximo viernes a la aprobación del Pleno de la Asamblea, junto al informe de la Intervención sobre las facturas pendientes de pago, que la Ciudad abonará acogiéndose a la línea de financiación puesta en marcha por el Ministerio de Economía a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), y el Plan de Ajuste que, por imperativo legal, conlleva este sistema.
El Gobierno no se ha quedado en este documento y ha ido más allá elaborando ese Plan de Sostenibilidad, donde se detalla el escenario presupuestario en el que se moverá la Ciudad durante los próximos diez años. En este escenario no está previsto el incremento de la presión fiscal, de modo que la única subida de impuestos será la que ha marcado el Estado para el IBI y su repercusión en el alcantarillado.
Sin recurrir, por tanto, a la subida de impuestos, el programa garantiza la cobertura de los servicios que la Ciudad presta en virtud de sus competencias municipales y autonómicas, el mantenimiento de las políticas sociales y del empleo tanto en la Ciudad Autónoma, como en las sociedades municipales y organismos autónomos que dependen de la Administración local.
Todo ello se logra con un plan que establece límites para el gasto corriente y que prevé la cancelación no solo de la actual deuda comercial, sino también de la financiera, lo que se une a la decisión de no adquirir nuevos compromisos de endeudamiento. O dicho de otro modo: dentro de diez años la Ciudad no tendrá ninguna deuda. Además, el Gobierno normalizará sus pagos, de modo que los proveedores cobrarán en un plazo de entre 30 y 60 días.
Para garantizar el cumplimiento de estas bases, el Plan de Sostenibilidad se mueve en unas previsiones durante todos los años de superávit presupuestario. De este modo, si hubiera una desviación presupuestaria por gastos no previstos, se utilizaría ese superávit para hacerle frente, y si no lo hubiera ese excedente presupuestario se destinaría en su totalidad a inversión.
A este mismo fin se dedicarán los ingresos que se obtengan a través de otras vías alternativas, como son la enajenación de activos y del patrimonio municipal, así como las aportaciones que lleguen de Bruselas a partir de 2014, una vez que finalice el vigente escenario presupuestario de la UE.
