El Pleno de la Asamblea ha dado luz verde al Plan de Ajuste y al Plan de Sostenibilidad que ha presentado el Gobierno para garantizar la suficiencia financiera de la Ciudad Autónoma con el fin de poder seguir prestando los mismos servicios y mantener todo el empleo público. El primero de estos dos programas es un requisito para acogerse a la línea de financiación que el Ministerio de Economía ha puesto en marcha a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), mientras que el segundo es un paso que da el Gobierno para afrontar un momento difícil para la economía española y en especial para las administraciones públicas. "Es un plan riguroso, serio, realista, ambicioso y acertado", ha resumido el portavoz del Gobierno, Guillermo Martínez, en la sesión plenaria.
Martínez ha señalado que el Plan establece un marco presupuestario "viable y realista" que garantiza la suficiencia financiera de la institución durante su periodo de vigencia: los próximos diez años. En este escenario, el Gobierno se ha marcado unas claras líneas rojas que el portavoz ha expuesto en forma de "compromisos": el mantenimiento de los servicios públicos esenciales, de las políticas sociales y del empleo estructural; no subscribir ningún compromiso de deuda a largo plazo y cancelar la totalidad de la deuda (comercial y financiera) en diez años. "Vamos a poner el contador a cero", ha dicho Guillermo Martínez, reconociendo que la Ciudad tiene una deuda "importante".
Dentro del mecanismo del ICO la Ciudad ha incluido toda la deuda comercial y parte de su deuda financiera. En total, 80 millones de euros que el Gobierno abonará en estos diez años, junto al resto del endeudamiento que tiene contraído. En esta cantidad están incluidas actuaciones como los tres aparcamientos y las plazas públicas realizadas a través del Plan Aparca, que han tenido un coste de 25 millones de euros. En otros casos la deuda tiene su origen en las estimaciones erróneas sobre el crecimiento económico (debido a que marcan la distribución de ingresos tributarios entre las autonomías, que en caso de desviación a la baja se traduce en devoluciones al Estado), y en otros se deben al pago de obras y servicios que debían realizarse con carácter urgente. "Pero todas y cada una de las facturas cuentan con el visto bueno de los técnicos", ha advertido el portavoz.
Un extraordinario avance
La deuda contribuida es la que ha posibilitado, en parte, que Ceuta haya experimentado la "profunda transformación" que ha sufrido en los últimos años, así como la mejora de los servicios. Con este Gobierno, se han invertido 80 millones de euros en obras en las 64 barriadas de Ceuta, se han construido más de 2.500 viviendas y 1.500 plazas de aparcamiento, se ha incrementado un 56% la política social, las becas se han multiplicado por cinco, se ha creado un plan de alojamiento alternativo para familias que no pueden pagarse una vivienda, se ha puesto en marcha el salario social (IMIS), se han colocado 75 kilómetros de tuberías en las renovaciones de las redes de saneamiento y abastecimiento (estas últimas han permitido reducir las fugas un 33%), se han instalado 400 nuevos puntos de luz, se han triplicado los operarios de limpieza y se han remodelado viales en todos los distritos de la ciudad, ha enumerado el portavoz y consejero de Fomento poniendo algunos ejemplos de ,los principales logros conseguidos por los gobiernos de Juan Vivas.
Todas estas actuaciones y políticas son fruto del endeudamiento. Para ello, también ha sido importante la consolidación de la suficiencia financiera, con medidas como la incorporación de Ceuta al sistema de financiación autonómica o la compensación por la desviación del IPSI.
Ingresos, impuestos e inversión
El Plan de Sostenibilidad es prudente en las previsiones de ingresos, y toma el cálculo de las recaudaciones efectivas de los últimos tres años. En materia fiscal, no prevé el incremento ni de tributos ni de tasas, más allá de la actualización del IBI y el alcantarillado, aprobadas en 2004, y de la aplicación del Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO).
El marco presupuestario que ha aprobado El Gobierno incluye una previsión de superávit durante los diez años en los que extiende su vigencia. En total, 194 millones de euros que el Gobierno quiere destinar a inversión, gracias a la aplicación de este Plan "riguroso, serio, realista y ambicioso" que se adapta a la nueva realidad económica.
