El Gobierno ha actualizado el Plan de Estabilidad Presupuestaria 2012-2021 aprobado el pasado marzo, una revisión justificada por las nuevas previsiones de ingresos y gastos que resulta necesaria para cumplir con el imperativo legal del equilibrio financiero y presupuestario, la amortización de la deuda y el progresivo aumento de la capacidad de ahorro. El nuevo Plan, que como ha acordado el Ejecutivo será elevado al Pleno de la Asamblea, permitirá mantener la calidad de los servicios, el esfuerzo en políticas sociales, el empleo estructural y la inversión pese a las dificultades.
La actualización del Plan obedece, por un lado, a la necesidad de contemplar las desviaciones producidas por la caída de ingresos por el concepto de IPSI de operaciones interiores durante el primer semestre del año en curso y, por otro, por la imposibilidad de transmitir determinados activos en condiciones económicamente aceptables, lo que aconseja no tener en cuenta esta opción como fuente de financiación del plan de inversiones.
Esto, sumado a las desviaciones por menores cuantías relativas a transferencias del Estado, el incremento del préstamo ICO para cancelar la deuda con proveedores y los gastos de la puesta en funcionamiento de la EDAR, implica una necesidad de ajuste mayor.
El nuevo Plan aprobado por el Consejo de Gobierno de acuerdo a esas mayores exigencias de ajuste no altera los elementos fundamentales del anterior, que son cumplir con el imperativo legal del equilibrio financiero y presupuestario, la amortización de la deuda y el progresivo aumento de la capacidad de ahorro, lo cual es posible gracias a las medidas de ahorro que el Gobierno acomete y promueve desde el inicio del ejercicio, de las que algunas ya están ejecutadas; y a las que serán implantadas durante lo que resta de año.
El objetivo y, a la vez, compromiso que asume el Gobierno es el de reducir en 16 millones de euros el gasto corriente total previsto en el presupuesto vigente con el horizonte temporal fijado en 2013 y tras efectuar las correcciones precisas para poder comparar magnitudes homogéneas.
Las principales medidas de ahorro acometidas son la amortización de todas las vacantes producidas en la plantilla de personal; la reducción del coste en horas extras y en las jornadas especiales en un 50% y un 30%, respectivamente; la aplicación a las sociedades del ajuste salarial llevado a cabo en el ámbito de la Ciudad en mayo de 2010; la disminución en un 60% del número de cargos de personal eventual de apoyo al Gobierno –esta medida y otras decisiones de naturaleza similar han supuesto minorar en cerca de un 30% el coste de altos cargos y personal de libre designación en relación a 2011-; y la revisión a la baja de algunos de los contratos de suministros y servicios más relevantes desde el punto de vista presupuestario, en concreto, los servicios de limpieza y producción de agua, que experimentan unos descensos respectivos de un 15% y un 20%.
Más ahorro
A esas medidas ya aplicadas hay que agregar las que está previsto acometer durante lo que resta de ejercicio, entre las que figuran la prórroga de la decisión de amortizar todas las vacantes que se produzcan en la plantilla de personal, ya sea de la Ciudad o de las sociedades y organismos que de ella dependen; y la continuidad de la acción dirigida a reducir, de manera sustancial, las horas extras y los contratos temporales de plazas no estructurales.
El establecimiento de un techo para los gastos de personal, cuyo montante global, sin computar dotaciones para políticas activas de empleo, no podrá superar el 40% del presupuesto corriente en 2013, es otra de las medidas que se pondrán en marcha.
En lo que se refiere a la gestión de los servicios, la máxima del Gobierno es la estricta asunción de los principios de rigor y realismo en las dotaciones presupuestarias, austeridad, eficacia y eficiencia. Como ejemplos, es reseñable la reducción de un 40% en la partida de publicidad y de un 20% en la de alumbrado ornamental, rigor imprescindible para centrar los esfuerzos en los servicios básicos y en quienes más lo necesitan.
En cuanto al previsto adelgazamiento del número de sociedades y la elaboración de planes de empresa para cada una de ellas, se revisará la asignación de cometidos teniendo en cuenta las demandas y exigencias actuales, se restringirán los gastos a los exclusivos que deriven de sus funciones y se marcarán objetivos susceptibles de ser evaluados al finalizar cada ejercicio. Asimismo, quedará abierta la puerta a la colaboración público–privada, cuando proceda, para atender necesidades de capital y mejorar los niveles de especialización.
Política de subvenciones
Además, en lo que resta de año, el Gobierno revisará en profundidad la política de subvenciones y se regirá por los siguientes criterios para su concesión e importe: la naturaleza de la actividad, su impacto social, la relación con las competencias que de forma expresa tenga atribuidas la Ciudad, el número de beneficiarios, la ratio de autofinanciación y el esfuerzo económico de los usuarios, la concurrencia de otras ayudas públicas y el carácter determinante de la ayuda para la realización de la actividad.
Teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestarias, el crédito global del capítulo de subvenciones experimentará en 2013 una minoración de, al menos, un 25%, disminución que, en función de los criterios expuestos, no será uniforme sino de distinta intensidad según el segmento en que se encuadre la actividad.
Todas estas medidas de ahorro son necesarias para, de acuerdo con las previsiones del Plan aprobado, lograr una reducción de un 8% en el gasto corriente total de la Ciudad incluidos organismos autónomos y sociedades. Además, y al servicio del mismo objetivo de equilibrio financiero, se plantea la refinanciación parcial de la deuda bancaria a largo plazo.
Revisión fiscal limitada para mantener la suficiencia financiera
Desde la perspectiva de los ingresos fiscales, completan el ajuste que el Plan recoge en sus previsiones financieras el cumplimiento de la obligación de implantar la tasa por depuración de aguas residuales, cuya entrada en vigor habrá de producirse con ocasión de la puesta en marcha de la EDAR, y la revisión de determinadas ordenanzas fiscales para, en este caso, compensar las pérdidas de recaudación y, de esta forma, mantener la suficiencia financiera de la entidad.
El alcance de esta revisión fiscal, propuesta que está siendo ultimada para someterla a la consideración del Pleno de la Asamblea y que los grupos parlamentarios tratarán de manera inmediata, se estima en, aproximadamente, un 6% del total de ingresos tributarios que obtiene la Ciudad, algo más de un 2,5% si la comparación se efectúa con el total de ingresos corrientes.
Son dos los límites de esta revisión tributaria. Por un lado, los tipos de gravamen de los impuestos, tanto directos como indirectos, no deberán superar, como criterio común, el 50% de los que, para los mismos hechos imponibles, se aplican con carácter general en el resto de España; y por otro, las tasas habrán de tener como techo las correspondientes medias nacionales.
Ajustar para sentar las bases de la estabilidad económica y la solvencia
Al igual que el plan aprobado en marzo, la versión actualizada pretende, en esencia, ajustar para poder mantener la calidad de los servicios, el esfuerzo en políticas sociales, el empleo estructural y la inversión pese a las dificultades. En definitiva, el objetivo es sentar las bases de un futuro marcado por la estabilidad económica y la solvencia.
En cuanto al capítulo de inversión, el plan contempla una media anual de 25 millones de euros para el periodo 2012-2016 sin incluir obligaciones financieras. Es una cifra sensiblemente inferior a la de los planes precedentes, razonablemente satisfactoria dada la dificultad y complejidad del momento y, en todo caso, permitirá seguir avanzando en equipamientos y en atención al dominio y los servicios públicos, un esfuerzo que debe tener un impacto positivo en el empleo del sector.
Seguimiento del plan, control presupuestario y prevención del fraude
Todas estas medidas de ajuste vendrán acompañadas de la habilitación, sin incremento del gasto, de una oficina para la gestión presupuestaria y el seguimiento del plan y de otra para la verificación de proyectos. También de forma complementaria a las medidas de ajuste explicadas e igualmente sin incrementar el gasto, la Ciudad intensificará los medios para prevenir y combatir el fraude y la evasión fiscal, una cuestión esencial para garantizar la competencia en condiciones de igualdad.
Las circunstancias obligan a revisar el Plan de Estabilidad Presupuestaria que la Asamblea aprobó hace apenas tres meses. El Gobierno seguirá atento para reaccionar cada vez que se produzca una alteración significativa de los parámetros que sustentan el plan pues esa capacidad de reacción es, para el Ejecutivo, una exigencia, al igual que la responsabilidad y la ecuanimidad en la toma de decisiones.
Ceuta, implicada en la causa nacional de sacar España adelante
La actualización del plan hoy presentada no es un simple retoque de previsiones presupuestarias sino una transformación de gran calado en el desenvolvimiento económico y financiero de esta administración. No en vano, la diferencia entre ingresos corrientes y la suma de los gastos de tal naturaleza más las obligaciones de amortización, según el presupuesto vigente, es de 1,2 millones de euros. Con el plan actualizado, esa desviación será positiva en 2013, en concreto, de 9,8 millones de euros, comportamiento que es la base fundamental para el compromiso de cancelar la deuda de la Ciudad.
El Gobierno plantea y pide sacrificios y esfuerzos porque, aun no siendo grato, sería irresponsable no hacerlo: lo demandan las necesidades financieras de esta administración y la causa nacional de sacar España adelante; una causa en la que Ceuta debe estar, por muchas razones, absolutamente implicada.
