El consejero de Hacienda, Economía y Recursos Humanos, Guillermo Martínez, ha manifestado hoy la intención del Gobierno de dedicar a ahorro el descenso de los gastos que supondrá la aplicación de la decisión del Gobierno central de eliminar la paga extraordinaria de diciembre de los empleados públicos y ha anunciado la decisión del Gobierno de renunciar a acudir a los denominados hispabonos, por la que se abre una línea de financiación para las autonomías a través de la emisión de deuda.
En relación al primero de estos asuntos, el consejero ha cifrado en 4 millones de euros el descenso de los costes de personal por la eliminación de esta paga extraordinaria, que se aplicará a todo el personal de la Ciudad (funcionarios, laborales, eventuales y cargos públicos) y de las sociedades municipales. Las medidas del Gobierno en relación a los empleados públicos, incluyen otras medidas con repercusión económica, pero más moderada, como es el caso de equiparar los costes de las bajas a los de las empresas privadas. Además, se incrementa el horario de trabajo hasta las 37,5 horas semanales, se reducen a tres días los asuntos propios (eliminando los vinculados a la antigüedad) y se rebajan las horas sindicales. Todas estas medidas serán analizadas por el Gobierno y las centrales sindicales en una reunión que se celebrará el próximo miércoles.
Competencias impropias
Del mismo modo, los partidos de la oposición serán convocados también para tratar la repercusión de las medidas adoptadas por el Gobierno de Rajoy, que están siendo sometidas a análisis técnico y jurídico, con una particularidad especial en el caso de Ceuta, derivada de su doble condición de entidad local y autonómica. En cualquier caso, aún debe aclararse cómo afectarán algunas de las medidas, y el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, tiene previsto reunirse antes de que termine el mes con el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta.
Así, por ejemplo, se prohíben las denominadas competencias impropias, es decir, aquellos servicios que prestan las administraciones sin tenerlos legalmente atribuidos. Este es el caso por ejemplo, del convenio de refuerzo educativo entre la Ciudad y el Ministerio de Educación. La Administración local, que no tiene la competencia de educación, está aportando 1,5 millones de euros, justo el doble que el Ministerio.
Según la aplicación estricta de la nueva norma, a priori la Ciudad no podría hacer este desembolso, de modo que o Educación aumenta su aportación hasta alcanzar el 100% del coste del convenio o éste se reduciría en dos tercios. En este sentido, el consejero ha dejado claro que la posición del Gobierno de Ceuta es que el convenio siga adelante al menos tal y como está planteado, independiente de quién lo sufrague.
El convenio de refuerzo educativo es uno de los más de 20 que la Ciudad tiene suscritos con ministerios.
Empresas municipales y cargos públicos
Otra cuestión que aún debe aclararse es la relativa a las empresas públicas. El consejero de Hacienda ha reiterado el compromiso del Ejecutivo de la Ciudad de mantener el empleo, pero aún deben concretarse las condiciones que determinarán la eliminación de sociedades. En este sentido, la Ciudad tratará de seguir maximizar la rentabilidad económica y social de estas empresas, si bien algunas empresas son de servicios, por lo que ni tienen ni pueden tener ingresos, como ocurre con Obimace o con Obimasa, por poner algunos ejemplos. En cualquier caso, se fomentará la movilidad laboral entre sociedades para optimizar los recursos humanos, habida cuenta de la bajada de la actividad en algunas sociedades.
En cuanto a las medidas relativas a la Administración que afecta a los cargos políticos, para poder evaluar su impacto en Ceuta también deberán concretarse, aunque en un principio parece que no tendrá repercusión. El personal eventual de una administración no podrá superior al número de diputados, y la Ciudad lo cumple (contando con el personal de confianza de los grupos, son 17 cuando podrían ser 25); del mismo modo está por debajo del límite en lo referente a la estructura de Gobierno, cuyo coste no puede superar el 0,6% del presupuesto, y las retribuciones del Consejo de Gobierno, de los viceconsejeros y diputados están por debajo; y, por último, deberá concretarse las limitaciones para el sueldo de alcaldes y concejales.
Déficit cero sin emisión de deuda
Las modificaciones a los límites de endeudamiento de las autonomías aprobados el pasado jueves por el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), al que asistió el consejero, no tendrá repercusión en las cuentas de la Administración local, ya que el Gobierno de Ceuta ha apostado por el déficit cero. Este es el caso de los Presupuestos de este año, aunque no de los de 2013, donde incluso se prevé un superávit, que de lograrse se dedicaría a inversión.
Del mismo modo, el Ejecutivo de Juan Vivas ha decidido no acogerse a los llamados hispabonos, por lo que no acudirá a la emisión de deuda que se puede hacer con cargo a la financiación del Tesoro. En el CPFF, Ceuta votó a favor de las medidas presentadas por el Gobierno central.
Por último, el consejero y portavoz del Gobierno defendió las medidas adoptadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy por ser "imprescindibles y necesarias". "Se hace lo que se tiene que hacer, aún cuando se a perjudicial para los intereses personales o electorales", argumentó.
