El Gobierno de la Ciudad reiterará mañana a las centrales sindicales su oferta para que la ampliación de la jornada laboral decretada a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012 no se traduzca en una rebaja salarial para los empleados públicos como consecuencia de la inevitable reducción de la denominada jornada especial. En la reunión que mantendrá el Gobierno con los sindicatos en el ámbito de la Mesa General de Negociación recordará que solo existen dos alternativas: cobrar el 50 por ciento del actual complemento por la jornada especial o el 100 por ciento mediante la creación de una bolsa de servicios extraordinarios para devolver a la Administración el exceso de horas adicionales que estaría abonado cada mes. Esta última es la mejor oferta que puede hacer la Administración, ya que el cumplimiento de la legislación en ningún caso puede ser negociable.
La Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 (publicado en el BOE de 30 de junio) establece en su Disposición Adicional Septuagésima Primera que la jornada laboral en el ámbito del sector público "no podrá ser inferior" a 37,5 horas semanales. En este sentido, señala esta misma disposición, que "las jornadas especiales existentes o que se puedan establecer, experimentarán los cambios que fueran necesarios en su caso para adecuarse a la modificación general en la jornada ordinaria", pero, según lo dispuesto, estas modificaciones "no supondrán incremento retributivo alguno". Con respecto a qué ocurre si esta materia contraviene lo dispuesto en el ámbito de la negociación colectiva, esta Disposición Adicional Septuagésima Primera es tajante: "Queda suspendida la eficacia de las previsiones en materia de jornada y horario contenidas en los Acuerdos, Pactos y Convenios vigentes (...) que contradigan lo previsto en este artículo". Y todo ello sin que se establezca excepción alguna ni para jornadas de verano ni para fiestas patronales.
No hay oferta mejor
Por lo tanto, no solo no cabe alternativa al cumplimiento de esta ley orgánica, sino que el Gobierno de la Ciudad no está haciendo una interpretación restrictiva, una afirmación que están realizando algunos representantes de los trabajadores y que es radicalmente falsa, del mismo que falso es el cálculo relativo a que la jornada adicional media equivale a 14 días anuales o que se vayan a hacer horas gratis. Según la propuesta realizada por el Ejecutivo local para los trabajadores con jornada especial (como son los bomberos y los policías locales), la Ciudad estaría pagando cada mes 2,5 horas semanales que el empleado público no estaría realizando. Estas horas pasarían a integrar una bolsa para servicios extraordinarios, que equivale a una media de seis días más de trabajo. Estas horas se realizarían a través de servicios perfectamente previstos y organizados, de manera que no habría lugar a horas extraordinarias (sin avisar); y en el cómputo global se incluiría la compensación por festivos.
Y esta es la oferta que el Gobierno ha hecho a los sindicatos, que es la mejor que puede hacer y la que mantendrá mañana encima de la mesa. Si no se acepta, con efectos al próximo 30 de julio, fecha en la que se comenzará a aplicar la nueva jornada laboral establecida por ley, el complemento por jornada especial quedará reducido al 50%, ya que a la mitad se rebaja el número de horas adicionales que estarían realizando estos trabajadores.
No puede haber discriminación
Al margen ya de lo que establezca la ley, para el Gobierno es también innegociable discriminar a los empleados públicos, estableciendo condiciones laborales diferentes en función de qué departamento o colectivo se pertenece, como parece que se está defendiendo.
En cualquier caso, el Gobierno respeta las opiniones y las protestas que puedan generar las medidas que se está adoptando en el momento más crítico por el que está atravesando la economía española en nuestra historia reciente, si bien en ningún caso puede aceptar algunas actitudes incívicas como las vividas hoy en el interior del Palacio de la Asamblea.
