El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el acuerdo que el consejero de Hacienda, Economía y Recursos Humanos, Guillermo Martínez, alcanzó ayer en el seno de la Mesa Negociadora de la Ciudad en relación a la desaparición de jornadas especiales que trajo consigo el incremento de la jornada laboral mínima para los empleados públicos a 37,5 horas semanales, cuando en la Administración local estaba situada en 35. Este aumento de la jornada mínima provocó que algunos trabajadores municipales, entre ellos la Policía Local y los Bomberos, pero también otros servicios, no pudieran cobrar íntegramente el complemento por jornada especial, ya que ésta pasaba de ser de 5 horas semanales (la diferencia entre las 35 horas que había anteriormente y el límite de las 40 máximas que marca el Estatuto de los Trabajadores) a 2,5 horas.
Al final, el Gobierno alcanzó ayer un acuerdo con dos de los tres sindicatos representativos (los mayoritarios UGT y CC OO) que permitirá al Ejecutivo cumplir con su objetivo de evitar la repercusión en los salarios que supone el incremento de la jornada laboral. Para ello, se toma como buena la oferta que desde el primer momento realizó el Gobierno y se crea una bolsa de horas extraordinarias. En el acuerdo no se contemplan estos servicios especiales, sino que éstos serán determinados por los funcionarios jefes de los servicios y una comisión paritaria entre el Gobierno y los sindicatos.
De este modo, por ejemplo, los policías locales y los bomberos, seguirán haciendo una jornada de 40 horas semanales, de las cuales ya solo 2,5 horas serán adicionales. Las otras 2,5 horas de jornada especial que ya no harán (por el aumento de la jornada mínima) se seguirá abonando mensualmente a cambio de esas horas extraordinarias con las que se cubrirán servicios especiales.
Para evitar la reducción salarial, el Gobierno necesitaba un acuerdo en el seno de la Mesa Negociadora, ya que legalmente la medida no podía aplicarse de manera unilateral. Afortunadamente, los sindicatos han dado marcha atrás y ha aceptado la propuesta del Gobierno para evitar la reducción de las retribuciones a un colectivo que en los últimos años ha visto rebajadas sus retribuciones y que en diciembre no cobrará la paga extraordinaria. El Ejecutivo no quería que el incremento de la jornada laboral se tradujera en más recortes de sueldos.
