El consejero de Hacienda, Economía y Recursos Humanos ha anunciado una convocatoria extraordinaria de la Comisión Especial de Cuentas la semana que viene para informar a los grupos de la oposición acerca del procedimiento para la liquidación del contrato de la anterior adjudicataria del servicio de limpieza viaria. Además, el Consejo de Gobierno ha decidido incoar un procedimiento administrativo en el que se una todo el procedimiento de liquidación de ese contrato, es decir, las reclamaciones que por importe de 15 millones de euros hace Urbaser, y una cuestión pendiente, relativa a la amortización de la maquinaria, de conformidad con un informe técnico según el cual las cantidades abonadas en las certificaciones son superiores al importe de la amortización de los vehículos.
"Daremos audiencia, como establece la Ley de procedimiento administrativo, a todas las partes que tengan algo que decir y aportar y esperamos que el desenlace sea el más positivo para la Ciudad", ha explicado Guillermo Martínez, quien ha subrayado de manera "categórica" que no se ha pagado ni un euro más del precio del contrato y que lo que se ha pagado es acorde a los precios unitarios establecidos en el contrato 2001. "Se ha pagado lo previsto en el contrato y de conformidad a como estaba previsto en el contrato", ha resumido.
Martínez ha explicado que fue al expirar el tiempo de vigencia del contrato cuando surgió la "controversia", pues Urbaser negó la entrega a la Ciudad de los vehículos a pesar de que estaban amortizados. "Aquello se resuelve incluso con intervención notarial y se recuperan los vehículos", ha señalado el consejero portavoz.
En aquel momento, Urbaser hace una serie de reclamaciones por importe global de 15 millones de euros. Los conceptos por los que reclama son varios: servicios realizados que considera que no han sido abonados; el incremento salarial reflejado en el convenio colectivo; intereses de demora en el pago de certificaciones ordinarias; detracciones que la Ciudad hace de certificaciones ordinaras como sanción por haber incumplido el contrato y que Urbaser no comparte; y certificaciones ordinarias relativas a los últimos meses en los que prestó el servicio –septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2012 y enero del año en curso-.
Lo abonado no supera el importe del contrato y se ajusta al precio unitario marcado
Para acreditar que las certificaciones abonadas justificaban que la Ciudad había adquirido los vehículos, el Gobierno encarga un informe a un técnico de gestión contable de la Administración. Según este, las cantidades abonadas en certificaciones son superiores al importe de la amortización. "La suma de las cantidades abonadas en base a los precios unitarios es verdad que excede el importe real de la maquinaria", ha comentado Martínez antes de aclarar que, en cualquier caso, lo abonado no supera el importe del contrato y que, además, lo abonado se corresponde al precio unitario marcado en dicho contrato y a los servicios en él establecidos.
"Cualquier insinuación de connivencia, la negamos de manera absolutamente rotunda y categórica", ha afirmado Martínez, quien ha argumentado que si hubiera connivencia la Ciudad no habría exigido los vehículos ni Urbaser estaría reclamando por vía judicial 15 millones euros. "No hay connivencia ni con Urbaser ni con ninguna otra empresa", ha repetido.
Por otra parte, Martínez ha rebatido con argumentos técnicos que el Gobierno tuviera que haber consignado la maquinaria de Urbaser en el Capítulo VI de los Presupuestos de la Ciudad, el de inversiones, en vez de en el Capítulo II, el de prestación de servicios, como recoge el mismo informe. "Es un craso error porque la maquinaria es de Urbaser hasta que se lleve a cabo la liquidación –del contrato- y por eso no se puede poner como inversión; durante el tiempo natural de la contratación, debe ir en el Capítulo segundo", ha explicado. "Si no es inversión, no genera deuda", ha añadido en respuesta al PSOE.
Por otro lado, el portavoz del Gobierno ha hecho un reconocimiento público a los funcionarios en general y, en particular, a la figura del interventor general y de los técnicos de esa área: "Han demostrado a lo largo de su trayectoria profesional, en algunos casos de más de 30 años, una absoluta objetividad, imparcialidad y buen hacer en desempeño funciones".
