El consejero de Hacienda, Economía y Recursos Humanos, Guillermo Martínez, ha dado cuenta a la oposición, primero, y a los periodistas, a continuación, del punto en que se encuentra el proceso de liquidación del anterior contrato de limpieza y recogida de residuos urbanos, del que era adjudicataria la empresa Urbaser. Este procedimiento administrativo aún está abierto y los informes aportados al expediente desde Tesorería, Intervención y los servicios Jurídicos acreditan que se ha pagado exclusivamente lo que estaba previsto pagar según el contrato; y que, por tanto, la Administración ha cumplido su principal obligación en un contrato administrativo, que no es otra que pagar lo establecido, si bien eso no significa que al pagar esté convalidando la prestación del servicio pagado. De hecho, si durante el procedimiento se confirma que alguna certificación no está debidamente justificada, como señala otro de los informes aportados, la Ciudad hará la correspondiente reclamación.
Guillermo Martínez ha sido tajante al respecto. Ha empezado por explicar que Tesorería e Intervención han confirmado que no se ha pagado ni un euro más de lo que estipulaba el contrato y que un técnico jurídico ha acreditado, por otra parte, que si hubiera algo inadecuado, el momento de resolverlo es, precisamente, el de liquidación.
Por otra parte, un técnico de gestión contable deduce y así lo refleja en otro informe aportado también al expediente que existe un desfase entre la cantidad pagada en certificaciones y el coste de la inversión llevada a cabo por Urbaser, desfase que cifra en 15,9 millones de euros. Sobre esto, el consejero ha adelantado que se trasladará a la empresa, como corresponde en el marco del procedimiento administrativo en que se encuentra el expediente, para que alegue lo que corresponda "si es que tiene algo que alegar".
Además de eso, el mismo informe del técnico de gestión contable apunta que las inversiones del contrato de limpieza deberían haber sido recogidas por la Ciudad en el capítulo de inversiones de su presupuesto y que, por ello, debería haber computado la carga financiera de esas inversiones, criterio que no consideran válido dos técnicos de Intervención, como figura en el expediente y respaldan con argumentos jurídicos.
El titular de Hacienda, Economía y Recursos Humanos también ha adelantado que la Ciudad trasladará a Urbaser un decreto por el que rechaza su reclamación por prestaciones de determinados servicios en los polígonos del Tarajal; otra reclamación, relativa a cantidades relacionadas con el incremento de sueldos y salarios de sus trabajadores por una modificación del convenio colectivo; y también la referente a detracciones que la Administración hizo de algunas certificaciones por no realizar determinadas prestaciones o por realizarlas de forma insatisfactoria. En todos estos casos, para la Ciudad no procede reconocer lo reclamado y "así se lo hará llegar a Urbaser", ha señalado Guillermo Martínez.
En el caso de los intereses de demora por pago tardío de algunas certificaciones, la última de las reclamaciones que la empresa hace a la Administración, según el informe que ultima Intervención, lo reclamado no coincide con lo que según el criterio propio procede pagar. "Anticipo que será, previsiblemente, menos de un tercio de lo que está reclamando", ha avanzado el consejero.
Prudencia ante un procedimiento abierto
Además, Guillermo Martínez ha anticipado que la Ciudad requerirá a la empresa la documentación que considere pertinente en relación a un presunto incumplimiento del pliego de prescripciones técnicas, que establecía que la empresa debía sustituir la maquinaria una vez amortizada. "Se requerirá que aporte la documentación que considere pertinente y, si no, acometeremos las acciones administrativas que procedan", ha comentado el consejero.
"Si Urbaser ha recibido algo que no debía, que no le quepa duda a nadie de que la Administración reclamará lo que deba reclamar", ha subrayado Martínez, quien ha recordado que "procede ser prudente" porque el procedimiento administrativo todavía está abierto y, por tanto, hay que esperar a conocer las alegaciones de la empresa y, también, la verificación que de las mismas hagan los técnicos antes de llegar a una conclusión.
