El consejero de Hacienda, Economía y Recursos Humanos, Emilio Carreira, ha resuelto hoy el procedimiento de liquidación del contrato con Urbaser, la anterior adjudicataria del servicio público de limpieza viaria. De esta forma finaliza el procedimiento administrativo. La resolución incluye una reclamación a la empresa de unos 5 millones de euros. Tesorería de la Ciudad tiene retenidos 7,5 millones para hacer frente al "previsible litigio" que cabe esperar que emprenda la empresa.
El consejero del área y, además, portavoz del Gobierno, ha dado cuenta de este asunto en la rueda de prensa en la que ha expuesto los temas abordados por el Consejo de Gobierno. Este era uno de ellos. Carreira ha explicado que la resolución recoge la petición de una indemnización a Urbaser de 1,3 millones de euros por el tiempo durante el que el contrato ha estado prorrogado, algo más de un año, y durante el que se ha seguido amortizando la maquinaria cuando debió entenderse que esta ya lo estaba al término del contrato previo a la prórroga –lo estipulado era que la amortización se producía a lo largo de los diez años de duración del contrato-. "Procede pedir esa cantidad", ha aseverado el titular de Hacienda.
A eso se suman otros 3 millones, aproximadamente, provenientes del denominado "factor de utilización de los vehículos" por el que, a la vista de algunos de los informes que obran en el expediente, se ha podido producir una "sobreamortización" de los vehículos. Carreira ha comentado que la Ciudad reclamará también esa cantidad por ese concepto "a pesar de que el informe de Intervención entiende que el contrato es claro y que, al margen de la prórroga, no procede más indemnización". El resto de informes que conforman el expediente los firman el técnico de gestión contable, la técnico auditora, el tesorero y el letrado de la Ciudad.
Además, la Ciudad desestima las reclamaciones de Urbaser, como figura en la resolución, en la que queda constancia, también, de los siguientes extremos: el contrato es impecable desde el punto de vista jurídico y económico; la Administración no ha pagado ni un euro de más por encima de lo previsto; y era en este momento, exclusivamente, durante el procedimiento de liquidación, cuando correspondía hacer lo que se ha hecho.
Por otra parte, el consejero de Hacienda, Economía y Recursos Humanos ha informado de la imposición de una sanción de unos 60.000 euros a la adjudicataria del servicio de la Escuela Infantil La Pecera, la empresa Arasti Barca, por incumplimiento del contrato. La sanción impuesta dobla, aproximadamente, lo que le hubiera costado cumplir con las contrataciones a las que estaba obligada. "Es una sanción en toda regla", ha afirmado el consejero portavoz.
