La reducción de la deuda y el ahorro han marcado la gestión del Gobierno este año y los datos son elocuentes: la deuda financiera se ha reducido en 34,6 millones de euros (son 88,5 millones de euros si se suman los dos últimos ejercicios); y desde que se inició el Plan de Ajuste, el gasto estructural ha bajado en 15,6 millones de euros al año, lo que supone, en términos relativos, un 10% menos. Todo esto se ha hecho manteniendo la calidad de los servicios y el empleo estructural, mejorando el presupuesto de las políticas sociales y sin renunciar a la inversión. Son datos ofrecidos hoy por el presidente de la Ciudad, que ha hecho balance de la gestión de su Gobierno este 2013.
Los 15,6 millones de euros de ahorro estructural son la suma de lo ahorrado en costes de funcionamiento de los servicios (9,5 millones), en transferencias a sociedades y organismos autónomos (2,1) y en gastos de personal (4 millones). Sobre esto último, el presidente ha recordado la reducción a la mitad de la plantilla de personal de confianza al servicio del Gobierno y el "notable sacrificio" de los funcionarios y empleados públicos. No en vano, desde 2011, año anterior al de la entrada en vigor del Plan de Ajuste, ha habido recortes salariales, amortización de vacantes y reducción de horas y jornadas extraordinarias, conceptos retributivos, los relativos a las horas y jornadas, a los que la Ciudad dedica ahora 1,3 millones menos al año. "En mi opinión, un ejercicio de responsabilidad que debe ser públicamente reconocido y compensado cuando se pueda".
Pero es que además, el ahorro, "un imperativo legal" y no "un capricho", no ha impedido aumentar el esfuerzo en políticas sociales, a lo que, tomando como referencia el inicio del Plan de Ajuste, se dedica cada año un 13% más, 3 millones de euros, en términos absolutos. "Es innegable el esfuerzo para combatir la exclusión social", ha subrayado antes de demostrarlo con datos: mientras el techo de gasto se contrae en un 10%, el gasto social se incrementa en un 13 % y, dentro de este, aumenta en un 30% el montante global destinado a alojamientos protegidos, rentas de inserción, ayudas para alimentos y otras prestaciones básicas y becas.
En ese contexto de restricción del gasto hay que encuadrar, además, un plan de empleo específico para jóvenes dotado con 2,2 millones de euros y la ampliación del régimen de bonificaciones fiscales en función del nivel de renta, que alcanza a en torno al 60% de los constribuyentes y tiene un coste aproximado de 2 millones de euros al año. "Las políticas sociales han sido siempre una prioridad para este Gobierno, un compromiso que responde a convicciones morales, éticas y políticas", ha agregado.
En el capítulo de las inversiones, Vivas se ha referido a la operación de refinanciación o reestructuración de la deuda, "una operación financiera que tampoco hipoteca el futuro de la inversión pública". De hecho, la inversión media prevista para el periodo 2014-2021 se cifra en aproximadamente 25 millones de euros al año y, al final de ese periodo, la deuda total será inferior al 30% de los recursos ordinarios de la Ciudad.
El decisivo apoyo del Gobierno de España
"Solos no hubiéramos podido", ha afirmado el presidente de la Ciudad al abordar el apoyo del Gobierno de España, que ha definido como "determinante y decisivo". Son 20 millones de euros más al año los que la Ciudad recibe de transferencias del Estado toda vez que el Ejecutivo central ha mantenido la compensación por pérdidas de recaudación en el IPSI, ha recuperado las ayudas para la producción de agua, los programas de refuerzo educativo y gastos sociales y ha evolucionado al alza la financiación común, autonómica y local.
Además, 2013 ha sido el año de la negociación de los Fondos Europeos para el periodo comprendido entre 2014 y 2020 y la negociación llevada a cabo por el Gobierno de España en lo que a Ceuta respecta vuelve a probar esa sensibilidad, como ha opinado Vivas: "Gracias al buen trabajo y al empeño del Gobierno [de España] y de su presidente en particular [Mariano Rajoy], nuestra ciudad ha visto amortiguado el negativo impacto que, en la referida financiación, se esperaba que tuviera la nueva calificación de región desarrollada". De ahí que sea posible hablar de que, con esos nuevos recursos, a partir de 2014 Ceuta podrá avanzar en la incorporación de las nuevas tecnologías a la gestión de los servicios, continuar las obras de urbanización de la barriada del Príncipe y aumentar los esfuerzos en formación e inserción laboral de los jóvenes.
La reestructuración del sector público periférico
Durante el balance de la gestión del Gobierno, el presidente Vivas también se ha referido a la reestructuración del sector público periférico en marcha y contra el que se ha presentado recurso, un asunto, por lo tanto, "de notable actualidad". "No se pretende ampliar ni la cartera de servicios ni los medios adscritos a estos, ni por tanto su coste; tan solo se pretende darles continuidad sin alterar el actual régimen de gestión directa de los mismos y bajo un formato más acorde con su naturaleza administrativa, lo que implicará, entre otras consecuencias, la aplicación directa de la normativa pública en los ámbitos presupuestarios y de contratación; por tanto, un paso más en el camino de una mayor transparencia", ha argumentado.
"No se pretende hacer a nadie funcionario; el personal afectado mantendrá el estatus laboral que tiene en la actualidad", ha continuado y ha subrayado que tampoco se trata de "echar un salvavidas" a las sociedades municipales. "No lo necesitan dado que ninguna se encuentra incursa en causa de disolución por insolvencia o desequilibrio patrimonial", él mismo ha explicado.
En cuanto a que la reestructuración emprendida mantiene todos los puestos de trabajo del sector público periférico, el presidente ha recordado que "la voluntad de mantener el empleo estructural, que también trasciende en esta iniciativa, no es algo que afecte de manera exclusiva al entramado periférico y societario sino que constituye un eje central de la política de este Gobierno".
El presidente ha cerrado sus consideraciones sobre este asunto dejando constancia del "inequívoco y firme compromiso de seguir respetando los cauces y procedimientos legales, como no puede ser de otra manera, y de hacer todo lo posible por mantener el amplio consenso, político y sindical, que el asunto ha suscitado hasta el momento".
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