El Gobierno reforzará el control de los fardos de ropa que entran por el puerto con una oficina específica supervisada por el Organismo Autónomo Servicios Tributarios y en la que operarán, además, funcionarios de la Policía Local e inspectores en coordinación con Aduanas y la Agencia Tributaria. Se pondrá en marcha de forma inmediata, ha avanzado el portavoz del Gobierno y consejero de Hacienda, Economía y Recursos Humanos, Emilio Carreira, en la rueda de prensa en la que ha expuesto lo tratado por el Consejo de Gobierno en su reunión de hoy. El objetivo es combatir el fraude fiscal que se presume que practican algunos en los polígonos del Tarajal impidiendo que los empresarios con negocios en regla no tengan "ni la posibilidad, a veces", de llevar a cabo su actividad.
"El IPSI importación está compensado, pero no nos da igual [que se importe mercancía sin pagar ese tributo]", ha argumentado Carreira, quien ha esgrimido razones de lealtad con el Estado, que transfiere a la Ciudad lo que esta deja de ingresar por aquel concepto sobre lo previsto. "Tenemos que defender el fuero, a nuestros empresarios que venden de forma reglada", ha afirmado el consejero portavoz, que igual importancia ha dado a la preocupación de Marruecos por su industria textil, que también puede estar viéndose afectada por esas prácticas no ajustadas a derecho.
A la medida de la oficina del puerto se suman otras de cooperación y coordinación entre la Ciudad y los empresarios de los polígonos. De entrada, el Ejecutivo ha anunciado que reforzará todos los servicios que son competencia de la Administración local. Carreira ha precisado que cuando no sea posible intervenir de manera directa por tratarse de un recinto privado, se hará mediante la fórmula de la cooperación, como ocurre con otras entidades, pues los problemas que surgen en aquel espacio tienen consecuencias en toda la ciudad.
Por eso, el Gobierno buscará fórmulas con la Confederación de Empresarios para mejorar la ordenación de ese comercio y evitar lo de "todos los días", ha comentado el consejero portavoz en referencia a las avalanchas y sucesos que de forma reiterada implican el cierre de la frontera con el consiguiente efecto, también, para el resto del comercio local y para la propia imagen de la ciudad.
Carreira no ha pasado por alto que lo que ocurre en los polígonos también pone en cuestión la seguridad de las personas que portean las mercancías, razón por la que el Gobierno está dispuesto a que la Policía Local, en colaboración con quien corresponda, persiga todo aquello que atente contra los derechos de los trabajadores.
"Si la responsabilidad es nuestra, también la capacidad de adoptar decisiones", ha considerado Emilio Carreira.
