- Este recurso, del que se benefician 482 familias, ha absorbido en los seis primeros meses del año más de 1 millón de euros de presupuesto
- Las ayudas al alquiler, de las que se pueden beneficiar personas con empleo, son compatibles con otras prestaciones como alimentación y el pago de los recibos de agua y luz, además de becas y otras ayudas
- La naturaleza y el acceso a las prestaciones económicas, la ayuda a la vivienda y el IMIS están regulados en reglamentos
Un total de 482 familias formadas por alrededor de 1.900 personas se encuentran actualmente acogidas en el Programa de Alojamiento Alternativo de la Consejería de Asuntos Sociales e Igualdad. Este instrumento de política social que la Ciudad Autónoma ofrece a familias con escasos recursos económicos para garantizar su acceso a una vivienda ha supuesto en lo que va de año un desembolso de más de 1 millón de euros.
El alojamiento alternativo está regulado por un Reglamento, del mismo modo que las prestaciones económicas que ofrece Asuntos Sociales y la renta social que abona la Ciudad, el denominado Ingreso Mínimo de Inserción Social (IMIS). Estos tres reglamentos, todos ellos creados por gobiernos presididos por Juan Vivas y donde se regulan las prestaciones y condiciones de acceso, constituyen una garantía para los ciudadanos, que aporta seguridad en su demanda de asistencia.
Alojamiento de urgencia
En los casos en los que la necesidad de vivienda es inmediata, la Consejería de Asuntos Sociales ofrece alojamiento de urgencia, en esta ocasión mediante el abono de plazas en pensiones de la ciudad. El último caso en el que se ha utilizado este recurso se registró ayer, con el alojamiento de un matrimonio con cuatro hijos. Esta familia fue atendida en numerosas ocasiones por la Consejería, tanto este año, como anteriormente, donde fue informada de los derechos que le asisten en relación al catálogo de recursos sociales que ofrece la Ciudad Autónoma, que se activan cuando los interesados formalizan la demanda y cumplen con los requisitos.
De este modo en el caso registrado ayer, si en este tiempo la familia hubiera solicitado el alojamiento alternativo y hubiera encontrado una vivienda de alquiler que cumpliera con los requisitos (condiciones de habitabilidad óptimas, no estar incursas en procedimientos de disciplina urbanística o en expediente judicial y un importe no superior a 700 euros) no hubiera sido necesario proceder al alojamiento de urgencia. La ayuda otorgada inicialmente es por un periodo de 15 días, por el que la Ciudad abonará una cantidad superior al coste de la ayuda de alquiler durante tres meses.
Amplio catálogo de prestaciones
El alojamiento alternativo en viviendas de alquiler está concebido para familias con algún ingreso pero no es necesario que ninguno de sus miembros tenga empleo, sino que aún teniendo trabajo pueden ser beneficiarias de esta ayuda social. En el caso de una familia compuesta por más de cinco personas, el límite de ingresos para ser beneficiario está en tres veces el IPREM. La cuantía que abona la Administración depende, no obstante, de las circunstancias de cada caso, y se pondera teniendo en cuenta otros ítems como el número de hijos, la presencia de personas mayores de 65 años o de dependientes. Si los ingresos ponderados de la unidad familiar (IPUF) no superan las 2,5 veces el IPREM se tiene derecho a este recurso.
El alojamiento alternativo es, además, compatible con otras prestaciones que ofrece la Consejería de Asuntos Sociales, de modo al margen de la ayuda al alquiler una familia puede recibir paralelamente ayudas de alimentación, a la compra de bienes de primera necesidad (electrodomésticos, medicamentos, incluso los que no cubre la Seguridad Social, gafas de visión…) o el pago de los recibos de agua y luz. Del mismo modo también es compatible con otras ayudas que ofrece la Ciudad por otras vías, como puede ser las becas, el programa de gratuidad de libros o los comedores escolares, o las bonificaciones fiscales al recibo único al recibo único. Estas últimas ayudas, las prestaciones básicas, las de alimentación, el IMIS y el programa de gratuidad de libros supusieron en 2014 un desembolso de 4,62 millones de euros.
