La Ciudad Autónoma recibirá este año más de 100.000 euros para la asistencia integral a mujeres que hayan sido víctimas de violencia de género y sus hijos, según el reparto que se ha acordado hoy en la reunión de la Conferencia Sectorial de Igualdad celebrada en la sede del Ministerio de Asuntos Sociales e Igualdad, en Madrid y presidida por la secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero, en la que se han distribuido entre las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla un total de seis millones de euros.
De esta manera, y como ha ocurrido en las tres últimas anualidades, el Ministerio ha ido incrementando paulatinamente la partida para Ceuta destinada a la atención a víctimas de violencia de género, que en 2014 era de 77.000 euros, 92.000 en 2015 y que supera los 100.000 euros para este año, que se destinarán al desarrollo de programas y la prestación de servicios que garanticen el derecho a la asistencia social integral a las víctimas de violencia de género, por una parte; por otra, para la atención a menores expuestos a este tipo de violencia violencia de género y para el desarrollo de planes personalizados y medidas para la mejora de la coordinación entre administraciones públicas.
Por otra parte y en relación a otras formas de violencia contra la mujer, se ha presentado a las Comunidades Autónomas el II Plan Integral contra la Trata de Mujeres y Niñas con fines de explotación sexual aprobado por el Consejo de Ministros el 20 de septiembre de 2015.
Este II Plan se enmarca en la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer (2013-2016) que recoge el compromiso de los poderes públicos para acabar con la violencia ejercida sobre las mujeres por el mero hecho de serlo y ha incorporado, por primera vez, medidas dirigidas a avanzar en la erradicación de todas las formas de violencia contra la mujer, haciendo especial hincapié en la necesidad de que la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual se aborde de manera específica.
El II Plan también plantea el abordaje de esta materia desde una perspectiva multidisciplinar que abarca la prevención y persecución del delito y la protección y asistencia a las víctimas, implicando a las diversas administraciones e instituciones con responsabilidades en la materia y a la sociedad civil en el desarrollo de sus 143 medidas que ya se encuentran en ejecución.
Por su parte, desde la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad se ha instado a las Comunidades Autónomas a continuar trabajando en sus respectivos territorios en el desarrollo de protocolos interinstitucionales específicos que faciliten el trabajo coordinado de las distintas instituciones implicadas en el ámbito autonómico con el fin de asistir y proteger mejor a quienes son víctimas y perseguir a quienes promueven la trata con fines de explotación sexual.
En la Conferencia Sectorial se ha dado cuenta del informe sobre las reflexiones y propuestas de reforma de la Ley orgánica 1/2004, así como otras normas relacionadas en materia de violencia de género, elaborado desde la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género en 2015 al cumplirse el décimo aniversario de la entrada en vigor de la norma.
Dicho informe recoge propuestas y reflexiones realizadas por las instituciones, ministerios, entidades y profesionales desde la perspectiva de recopilar, ordenar y sistematizar la propuesta de mejora y potenciales reformas planteadas por los operadores implicados en la erradicación de la violencia contra la mujer. Entre ellos, los organismos de igualdad de las Comunidades Autónomas que señaladamente han contribuido a la formulación de propuestas y reflexiones tras estos diez años de vigencia.
