La consejera de Sanidad, Servicios Sociales, Menores e Igualdad, Adela Nieto, ha participado hoy en Madrid en el Pleno Extraordinario del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, en el que se ha establecido un nuevo modelo mixto para gestionar la recaudación del 0,7 por ciento del IRPF destinado a fines de interés social, que se repartirá en un tramo estatal del 20 % y un tramo autonómico del 80 % restante.
La Ciudad Autónoma recibirá 1,2 millones de euros para su posterior distribución entre las oenegés. Pueden beneficiarse de estas ayudas la Cruz Roja Española y las entidades del Tercer Sector - asociaciones sin ánimo de lucro prestadoras de servicios sociales en colaboración con la Administración - que estén legalmente constituidas, carezcan de ánimos de lucro, acrediten experiencia y especialización en la atención a los colectivos hacia los que se dirigen las ayudas y estén al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
En la reunión, que ha estado presidida por la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, también se ha decidido la constitución de un grupo de trabajo para analizar el futuro del sistema, a partir de 2018, de las subvenciones del IRPF, ha explicado la consejera ceutí, Adela Nieto, quien ha subrayado la relevancia del acuerdo que se ha tomado hoy por unanimidad “y que no ha sido nada fácil”, destacando el arduo e intenso trabajo previo y de conciliación que se ha realizado por parte de la ministra y su equipo, “que ha logrado, a pesar de lo complicada de la situación de partida, el acuerdo de todas las autonomías”, ha precisado al término de la reunión.
El 0,7 %: un instrumento de vertebración social
Las subvenciones con cargo al 0,7 % constituyen una vía esencial de sostenimiento de las ayudas públicas para la realización de programas de interés general y un instrumento de vertebración social en el marco de la asignación tributaria que los contribuyentes realizan en su declaración anual de la renta. Este sistema de financiación permitió, en 2016, el reparto de más de 234 millones de euros y la atención a 7,4 millones de personas en 8.8552 proyectos.
La concesión de subvenciones a entidades del Tercer Sector con cargo a la asignación tributaria del 0,7 % del IRPF es una medida del Estado consolidada en el tiempo y arraigada en la sociedad española. Hasta el año 2013 estas ayudas se estructuraron en función de los colectivos protegidos, pero a partir de ese año se trató de dar una respuesta eficaz a las demandas de aquellos sectores en los que era necesario incidir con una mayor urgencia. Para ello, se consideró imprescindible que aquellos fines a los que se destinaba la citada asignación quedaran encuadrados en ejes prioritarios de actuación sobre los que se instrumentaran los programas a desarrollar: la atención a las personas con necesidades de atención integral socio-sanitaria, la atención a las personas con necesidades educativas o de inserción laboral, el fomento de la seguridad ciudadana y prevención de la delincuencia, la protección del medio ambiente y la cooperación al desarrollo.
Estas ayudas se distribuían de acuerdo a las bases reguladoras de las convocatorias anuales de subvenciones en el ámbito de la Secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, si bien en la reunión del Consejo Territorial del pasado 26 de abril se adoptó por unanimidad el acuerdo de que el futuro modelo de gestión del 0,7 % del IRPF sea un modelo mixto, con un tramo de la Administración del Estado y otra de la Administración Autonómica.
De esta forma, se da cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional el 19 de enero de 2017 que trasladó a las autonomías la gestión de la financiación de las organización no gubernamentales del denominado Tercer Sector.
