El presidente de la Ciudad, Juan Vivas, ha dado cuenta hoy a los portavoces de los grupos parlamentarios de la Asamblea de las medidas que la Ciudad Autónoma y la Delegación del Gobierno han acordado tras su última reunión para mejorar la situación en la que se encuentra el entorno fronterizo del Tarajal y los polígonos comerciales.
Ha sido en una reunión de la Junta de Portavoces, en cumplimiento del compromiso adquirido por el Ejecutivo en una sesión plenaria celebrada en noviembre.
Las medidas consensuadas entre las dos administraciones públicas tienen por objetivo en primer lugar limitar el número de porteadores, separar su tránsito del paso fronterizo ordinario para personas y vehículos, reprimir el fraude en cualquiera de sus manifestaciones e impedir la utilización de bultos o fardos de tamaño desproporcionado.
Por todo ello, en coordinación con las autoridades marroquíes, se regulará el volumen del flujo de porteadores. Además se ha previsto la apertura del paso Tarajal II una vez que hayan sido instaladas las vallas de seguridad, cuyo suministro se ha adjudicado, y se contratarán igualmente servicios de seguridad privada para ordenar los flujos de personas y el tamaño de los bultos en el acceso al nuevo paso de porteadores.
Los controles de Aduanas y de los Servicios Tributarios en las instalaciones del Puerto para comprobar la aplicación de bases y tipos de gravamen en el ámbito del IPSI continuarán.
De manera selectiva se efectuará el seguimiento del tránsito de las mercancías importadas desde el Puerto hasta su lugar de destino, para comprobar si se trata de un establecimiento que cuenta con el preceptivo permiso para el ejercicio de la actividad, y se retendrán en el recinto portuario las importaciones que tengan por destino un almacén o establecimiento cuyo cierre se haya decretado por incumplimiento de la normativa.
Por otra parte, se evitará la descarga de camiones en la vía pública o en cualquier otro lugar no habilitado y se vigilará el cumplimiento de la ordenanza municipal que regula en los polígonos el tráfico y la venta ambulante, entre otras materias.
Los bultos o fardos de determinado tamaño tendrán la consideración de expediciones comerciales, a efectos de la aplicación de la normativa fiscal y consiguiente intervención de los Servicios de Inspección, y se va a elaborar también un censo de motocarros por ser una actividad vinculada a la del fardo.
La Ciudad también implantará una tasa que tenga por objeto resarcirse parcialmente de los gastos extraordinarios en los que incurre por causa directa del referido comercio del bulto o fardo y, alternativamente, en el caso de que no fuera factible esta implantación, se revisará el tipo de gravamen del IPSI a la importación para determinado tipo de mercancías, concretamente la denominada prendería.
Se proseguirá con el cierre de las naves o establecimientos que no cuenten con licencia para el ejercicio de la actividad y se destinará a la zona una unidad de la Policía Local, de manera permanente y para, en coordinación con el Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil, atender las competencias que le son propias.
En limpieza, se mantendrá e intensificará, en lo posible, el esfuerzo que se realiza en la zona, y se acometerán las obras y suministros que sean necesarios en los polígonos para mejorar dotaciones y servicios, como son los casos de zonas de aparcamiento y servicios higiénicos.
En cuanto a obras, se acometerán las de conexión entre el Puente del Quemadero con la Agrupación Norte del Príncipe Alfonso y se impulsará, en sus distintas fases, el proyecto de remodelación y desdoblamiento de la N-352 en el tramo que une la frontera con la Almadraba.
