El presidente de la Ciudad ha presentado este viernes su propuesta para paliar los efectos económicos y sociales de la crisis del COVID-19, propuesta que contempla 17 medidas en tres ámbitos: la atención a colectivos vulnerables, a lo que se destinarán 6,3 millones de euros adicionales; el apoyo al Ingesa, con 350.000 euros para adquirir material sanitario, y el compromiso con el tejido productivo, especialmente dirigido a pymes autónomos, con ayudas directas por 10 millones de euros, una batería de medidas fiscales, el impulso al plan de inversiones, y la inyección de liquidez de 23 millones de euros, abonando las facturas pendiente de pago a los proveedores de la Administración local.
“Nuestra prioridad es la de colaborar con la Administración competente y poner todas las medidas a nuestro alcance para combatir al virus, eso estamos haciendo y seguiremos haciendo”, ha explicado Juan Vivas en su intervención ante los medios de comunicación, destacando que esta crisis sanitaria tiene además otras derivadas de importancia, dada su envergadura, como son la social y la económica, “y las tres son prioritarias”.
Desde el punto de vista social, el Gobierno de la Ciudad ha diseñado un paquete de medidas para atender a los colectivos más vulnerables. Son 6,3 millones de euros en los que se incrementa el presupuesto para atender la emergencia social y fortalecer los recursos con los que ya cuenta el área de Servicios Sociales. Se trata de un fondo extraordinario que complementará todas las medidas y acciones que desarrolla de manera cotidiana la Consejería de Asuntos Sociales en que respecta a alojamiento, ayudas básicas, becas, alimentación y otras prestaciones.
En el ámbito económico, el Gobierno de Juan Vivas también ha querido redoblar sus esfuerzos, teniendo en cuenta que el tejido productivo de Ceuta se ha visto seriamente afectado por la crisis. Bajo esta premisa se sitúa la “inyección de oxígeno” a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos, a quienes van dirigidas medidas con las que se pretende que puedan mantener su actividad y el empleo.
Estas medidas incluyen la creación de un fondo extraordinario de 10 millones de euros que será gestionado por PROCESA. Esas ayudas irán dirigidas especialmente a pymes con menos de 10 trabajadores que acrediten dificultades para mantener su negocio y con una facturación anual inferior a los 2 millones de euros. Esas ayudas se podrán destinar a cualquier tipo de gasto, desde sueldos de los trabajadores, cotizaciones, pago de facturas, suministros o facturas de cualquier índole. La cuantía oscilará entre los 1.441 y los 4.683 euros. Esta iniciativa beneficiará a unos 3.600 pequeños empresarios, de los que 2.000 son autónomos.
Además, el Gobierno se compromete a abonar los pagos que estén pendientes con los proveedores de la Ciudad, facturas por importe de 23 millones de euros, y se reforzará el Plan de Inversiones diseñando obras que puedan ser acometidas por pymes locales, con una cuantía global de 15 millones de euros.
El otro apartado es el referido al de la fiscalidad. En ese ámbito, lo que se pretende facilitar a los empresarios el pago de impuestos, darles tiempo para que su actividad vuelva a reiniciarse con normalidad. Así, el vencimiento de pago del IPSI trimestral se aplaza al 20 de julio; habrá una moratoria para todos los tributos hasta el 5 de diciembre y se cumplirá una antigua aspiración de las organizaciones empresariales, que es la de abonar el IPSI por importación una vez que la mercancía haya sido vendida y no antes.
“Haciendo un cálculo, la puesta en marcha de estas medidas va a suponer una movilización de más de 70 millones de euros”, ha añadido el presidente, que ha recordado que se trata de una cantidad equivalente al 5 % del PIB de Ceuta, “pero nuestro deber es atender una emergencia social y económica”, que es colateral a la crisis sanitaria. “Es arriesgado, e implicará sacrificios, pero lo hacemos por la supervivencia de Ceuta”, ha añadido.
Para que este plan se lleve a cabo es necesario que el Pleno de la Asamblea de su visto buen, ya que debe autorizar operaciones de crédito y de Tesorería, así como una modificación de las ordenanzas que permita aprobar los cambios en la ordenanza del IPSI.
