El presidente de la Ciudad, Juan Vivas, se ha reunido este sábado con los vecinos de las zonas cercanas a la plaza Nicaragua para explicarles el “contratiempo” surgido tras la paralización de las obras, iniciadas hace ya cinco meses, a consecuencia de una medida cautelar dictada por el Juzgado a instancias del antiguo propietario de la parcela. Una situación que Vivas ha calificado de “incomprensible” y que espera que se resuelva en el menor tiempo posible.
Así se lo ha trasladado el presidente al vecindario, al que ha agradecido su “comprensión” teniendo en cuenta la compleja actuación urbanística llevada a cabo. Una “asignatura pendiente” para la Ciudad que, ha insistido, “no nos podemos permitir porque se trata de una obra en beneficio de todos los ceutíes2.
Junto a los consejeros Alejandro Ramírez y Yamal Dris y la directora general Tamara Guerrero, el jefe del Ejecutivo ha recordado que la parcela no era propiedad de la Ciudad, por lo que hubo que adquirirla en un procedimiento difícil, “pero también muy garantista para cumplir con la ley y el interés general”. “Fue objeto de transacción y negociación con el propietario, que aceptó el precio”, y además, ha detallado el presidente, se adquirió libre de cargas y gravámenes.
A partir de ahí se puso en marcha toda la maquinaria de la Administración autonómica para redactar el proyecto y el resto de trámites hasta que, finalmente, la obra pudo salir a licitación “también con información pública para que nadie alegase nada”.
Sin embargo, no ha sido hasta con los trabajos ya iniciados cuando el anterior propietario ha interpuesto un interdicto que ha desembocado en un auto judicial de paralización.
“Las pretensiones de la persona que ha instado a la paralización siempre han sido sometidas al criterio de los jurídicos y técnicos porque es dinero público, y el criterio ha sido que no procedía ninguna indemnización”, ha aseverado Vivas.
Para el presidente, resulta “incongruente que la acción judicial se plantee contra la constructora y no contra la Ciudad, propietaria del inmueble”. No obstante, “los jurídicos confían plenamente en que la respuesta de la empresa que ejecuta el proyecto, acompañada por la Ciudad, sirva para levantar la suspensión y que las obras concluyan en el plazo previsto”.
