09
Vie, Ago

El Gobierno recaba información de servicios de la Ciudad y del Estado antes de actuar en el transporte marítimo

Presidencia
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Abaratar el billete de barco es un objetivo prioritario y, por eso, el análisis de la situación está realizado y ahora el Gobierno lo que espera es la recopilación de diferentes informes sobre los que fundamentar una actuación que permita alcanzar el objetivo marcado. Así lo ha expuesto el Ejecutivo en la sesión plenaria ordinaria de agosto. La consejera de Economía, Hacienda y Administración Pública ha precisado que la situación en la línea del Estrecho está caracterizada por la existencia de altos precios, un número “exagerado” de rotaciones diarias (22 en cada sentido) y una baja ocupación de los buques (no alcanza el 30 %). "Podríamos inferir que el mercado y la libre competencia regularían el servicio per se, sin embargo no ocurre", ha criticado.

Y no ocurre, ha continuado, porque la competencia entre los operadores es de muy baja intensidad o no existe, lo que ha fundamentado en la demanda “cautiva”, la de los ceutíes, para quienes el barco es la única posibilidad de enlace con la península; y en los 18 millones de euros que el Estado aporta cada año (16 en concepto de bonificaciones por residencia y 2 por el contrato de servicio público) para facilitar esa comunicación entre ambas orillas.

"Decimos sí a una Comisión pero haciendo lo que estamos haciendo", ha respondido Román al Grupo Parlamentario Caballas, quien ha llevado a Pleno una propuesta para crear una comisión sobre la situación del transporte marítimo. La propia Román ha explicado qué es lo que el Ejecutivo está realizando: recabar informes del Servicio Jurídico y de Intervención para acotar el marco competencial y “definir los límites de movimiento”, esto es, lo que la Ciudad puede y no puede hacer; de la Secretaría General de Transportes sobre el funcionamiento del contrato de interés público; y de la Secretaría de Estado de Comercio, para que informe en la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia sobre si se están realizado prácticas prohibidas perjudiciales para los ceutíes y también para el Estado.

El Gobierno espera disponer de toda esa información en octubre. Una vez que la tenga, el Ejecutivo se ha comprometido a ponerla en conocimiento de todos los grupos para decidir los pasos a seguir con el objetivo de lograr un abaratamiento del precio del billete de barco.