El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tramitará las reclamaciones que, relacionadas con el derecho a saber, presenten en su territorio y contra resoluciones del Gobierno de Ceuta sus ciudadanos.
Han firmado el convenio la presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, Esther Arizmendi, y el consejero de Presidencia, Gobernación y Empleo de Ceuta, Jacob Hachuel.
Ceuta se suma a cinco CCAA -Asturias, Castilla-La Mancha, La Rioja, Cantabria y Extremadura- que han suscrito un convenio para que el Consejo de Transparencia resuelva sus reclamaciones.
La Ley de transparencia, en su disposición adicional 4ª, contempla que las CCAA y las ciudades con estatuto de autonomía pueden atribuir al Consejo de Transparencia estatal la competencia para la resolución de las reclamaciones que los ciudadanos puedan presentar contra resoluciones dictadas por la administración autonómica, su sector público o las entidades locales comprendidas en su ámbito territorial firmando el correspondiente convenio.
Con la firma del convenio, sin renunciar a sus competencias, Ceuta transfiere al Consejo de Transparencia estatal la gestión, resolución y notificación de las reclamaciones que presenten sus ciudadanos, en los casos en los que el solicitante de información no encuentre satisfecha su demanda, bien porque se le deniegue la información o no se le responda a la petición formulada.
Ceuta se suma así a la decisión adoptada antes por Principado de Asturias, Castilla-La Mancha, Cantabria, La Rioja y Extremadura. El Consejo de Transparencia, por tanto, atiende ya las reclamaciones de toda la Administración General del Estado y, además, las que puedan presentar contra resoluciones de sus administraciones territoriales los 5.189.912 ciudadanos de estos territorios y las que puedan registrarse en sus 1.661 municipios, 260 mancomunidades y 630 entidades locales menores.
Los ciudadanos de estas CCAA podrán presentar sus reclamaciones bien directamente al Consejo de Transparencia, a través de los cauces habituales (sede electrónica próximamente, correo electrónico o correo ordinario) o a través de cualquier registro público de las administraciones públicas.
